En los territorios la presencia militar está lejos de asegurar la vida y libertades de los ciudadanos y la paz. En Colombia, desde la firma del Acuerdo Final hasta julio 15 de 2020 , han sido asesinados en zonas militarizadas 971 líderes sociales y 215 personas en proceso de reincorporación. En otras zonas con controles perimetrales territoriales se ha incrementado la criminalidad y el poder armado por parte de diversas estructuras armadas.

Para las organizaciones y el senador Iván Cepeda, la suspensión inmediata de estos funcionarios debe darse para prevenir que los hechos del 9 de septiembre vuelvan a repetirse. De igual forma, se plantean interrogantes sobre el papel de la policía y el mando que efectivamente ejercieron los denunciados, ¿se dieron órdenes o no se tiene control sobre la tropa?

El CAJAR, convoca a Contadores/ras, en ejercicio de la profesión con tarjeta profesional, para desempeñar el cargo de Contador/a Público/a, con énfasis en el sector de las Organizaciones No Gubernamentales.

Las prácticas de los organismos de seguridad y defensa, especialmente los de la Policía Nacional, no sólo amenazan el derecho a la protesta, sino que representan un riesgo al derecho a la vida, la integridad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre muchos otros. Por eso se hace necesaria una intervención decisiva del juez constitucional ante esta acción que se encuentra en trámite de segunda instancia.

La masiva protesta y la indignación por el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordoñez el pasado martes no puede entenderse como un caso aislado, sino como la expresión de un cansancio social acumulado por el reiterado y sistemático abuso policial contra de la ciudadanía en Bogotá y en el país en general.

Las organizaciones de derechos humanos y sociales abajo firmantes, acudimos con URGENCIA y PREOCUPACIÓN ante los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, a efectos de poner en su conocimiento los graves hechos de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de la Policía de Colombia, a través de los cuales se ha atentado contra los derechos a la vida e integridad personal de ciudadanos(as) colombianos(as), que han participado en manifestaciones públicas, en rechazo del asesinato del abogado Javier Ordoñez por parte de integrantes de la policía nacional.