La protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de toda sociedad democrática que se relaciona con una variedad de derechos y libertades garantizadas y protegidas tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos, como en el derecho universal de los derechos humanos y el derecho colombiano.
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Los ataques a la JEP no se han limitado a las fuertes críticas al propiciar una supuesta impunidad o a los llamados a un referendo derogatorio, ya que se tomó una medida que resulta sumamente perjudicial para su actividad. Se trata de la no aprobación del presupuesto que se esperaba para 2021, que se pretendía destinar a la protección y atención de las víctimas, testigos, intervinientes, responsables y gastos para su operación, sus recursos se disminuirán en un 20%.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH- el caso de la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio ocurrida el 13 de mayo de 1993 en la ciudad de Bogotá.
Organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación alternativos nos unimos en esta alianza informativa para el cubrimiento del paro Nacional de este 21 de octubre, con el fin de multiplicar nuestras voces por la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la protesta.
En abierto desacato, varios funcionarios del Gobierno Nacional y de otras instituciones estatales dejan claro que su postura frente a la protesta no es neutral. La Ministra del Interior, Alicia Arango, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, han hecho referencia a supuestas infiltraciones en la Minga.
Las plataformas colombianas de derechos humanos que agrupan a más de 500 organizaciones de derechos humanos en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines expresamos nuestro respaldo a la Minga social y comunitaria por la defensa de la vida, el territorio y la paz.
Las víctimas de crímenes de Estado exigimos verdad completa de todos los actores, como forma de enfrentar el negacionismo y el memoricidio; el desmonte completo de las estructuras y prácticas empeñadas en contra de los movimientos y liderazgos sociales, y consolidar estrategias colectivas para aportar a la difusión de la verdad como bien público y fundamento de las garantías de no repetición.
Personalidades, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, dirigentes políticos y sociales expresan su preocupación por la situación de la independencia de la justicia en nuestro país, a raíz de recientes ataques que desde el gobierno nacional se han lanzado contra decisiones judiciales o incluso el desacato de las mismas.
En conclusión, el abogado reveló que lo que busca la defensa de Uribe es anular todo lo actuado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, aunque formalmente no se haya expresado así esta pretensión, y que esa política de “tierra arrasada” sobre un proceso es contraria a los derechos de las víctimas, y allana el camino a la impunidad, por lo cual declaró que espera que la jueza de garantías falle en derecho y reconozca lo actuado por la Corte.
A propósito de la comunicación dirigida por el congresista republicano Mario Díaz-Balart enviaré una comunicación hoy mismo al Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, en los siguientes términos:
Este es un informe sobre el homicidio de líderes y defensores de Derechos Humanos desde la firma del acuerdo de paz con énfasis en lo que va corrido del gobierno de Iván Duque.
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El gobierno nacional ha dicho, en cabeza de la ministra del Interior y el Comisionado de paz, que esta minga es política porque en lo reivindicativo nos están cumpliendo y que las autoridades indígenas han reconocido el avance en los acuerdos. Esto no es cierto ni las autoridades indígenas lo han expresado.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y movimientos sociales que suscriben esta comunicación, expresamos nuestro enérgico rechazo al ataque a la misión de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se encontraba acompañando a la Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad en el Departamento de Caquetá por grupos que se identificaron como Disidencias de las FARC.
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de agosto de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Pedro Julio Movilla Galarcio y Familiares, respecto de Colombia. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993
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Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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