Víctimas le piden a la JEP, hoy que abre sus puertas, tomar medidas para investigar y juzgar los crímenes de Estado

Viernes 16 de marzo de 2018, por Movice

Nos preocupa que los perpetradores de las ejecuciones extrajudiciales que hasta el momento han decidido no comparecer ante la JEP, tampoco están siendo investigados o procesados por la justicia ordinaria. Nos preguntamos entonces, ¿a dónde debemos ir para alcanzar justicia?

Señora

PATRICIA LINARES

Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz

E. S. D.

Reciba un cordial saludo de las Víctimas de crímenes de Estado,

Hoy se abren las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, este hecho nos llena de esperanza, pues como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, la JEP para nosotras las víctimas de crímenes de Estado es una oportunidad para que los agentes estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos y amparados por el manto de la impunidad durante décadas, esclarezcan la verdad plena sobre los hechos victimizantes, reconozcan responsabilidad, ofrezcan perdón público, reparen integralmente a las víctimas y se establezcan garantías de no repetición para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera.

No obstante, esta oportunidad solo se podrá materializar bajo el cumplimiento de ciertas garantías y condiciones que, hasta el momento creemos, no se están dando. Es por eso por lo que, en este día nos dirigimos a Usted como representante de esta corporación, para que impulse las medidas necesarias que permitan revertir esta situación.

La JEP inicia al día de hoy con 7.392 postulados, de los cuales solo el 24,6% son agentes del Estado: 1.824 militares y policías, procesados y condenados en un alto porcentaje por ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”.

En Colombia, se han cometido más de 7.039 ejecuciones extrajudiciales[1] y muchos de estos graves hechos fueron perpetrados con el objetivo de obtener recompensas, provechos económicos, permisos, entre otros aspectos, y ello en manera alguna tiene relación directa o indirecta con el conflicto amado. En consecuencia, es fundamental que al momento de abordar estos casos por parte de las respectivas salas se excluyan de la JEP aquellos casos en los que se compruebe el ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito conforme a los art. 17 y 23 transitorios del Acto legislativo 01 del 2017.

Nos preocupa que los perpetradores de las ejecuciones extrajudiciales que hasta el momento han decidido no comparecer ante la JEP, tampoco están siendo investigados o procesados por la justicia ordinaria. Nos preguntamos entonces, ¿a dónde debemos ir para alcanzar justicia?

La Fuerza Pública es responsable directa de la comisión de crímenes que generaron más de 62.373 víctimas: 171 masacres que generaron 968 víctimas; 51.676 personas desplazadas; por lo menos 2.484[2] personas desaparecidas forzosamente; 206 mujeres violadas sexualmente y 7.039 personas ejecutadas extrajudicialmente.

Ante este universo de víctimas, hoy no hay ni siquiera dos mil agentes del Estado compareciendo ante la JEP. Quisiéramos creer que los otros miles agentes del estado responsables no han firmado acta porque sus procesos están siendo juzgados en la justicia ordinaria, pero lastimosamente tampoco es así.

Esperaríamos que los miembros de la Fuerza Pública postulados ante la JEP fueran no sólo los responsables por acción, sino también los responsables por omisión en el deber de garantía de derechos, relacionada con los hechos perpetrados por los grupos paramilitares.

Por tanto, nuevamente le preguntamos, ¿Quién hará justicia en Colombia ante los miles de casos de crimen de Estado que siguen en la impunidad? Esta preocupación se profundiza aún más por la distribución del personal que ha dispuesto la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP: 7 Fiscales ante el Tribunal de paz para investigar y acusar a las FARC; 1 para investigar y acusar a terceros y agentes del Estado civiles y tan sólo 3 para investigar y acusar a miembros de la Fuerza Pública. Le preguntamos a Usted y a todos los directivos de la JEP, ¿Cuáles son las razones de esta diferencia?

Asimismo, es necesario manifestar nuestra preocupación por la incertidumbre que existe acerca de la presencia territorial y regional de este mecanismo de justicia. Esto toda vez que puede constituirse como un Tribunal predominantemente centralizado, y en consecuencia, no tendría la capacidad para lograr las finalidades de un sistema transicional conforme a las particularidades de cada región.

Si bien se ha aseverado que la JEP tendrá presencia territorial, lo cierto es que tan solo once fiscales adscritos a la Unidad de Investigación tendrán un carácter descentralizado en el mismo número de regiones. Esto obedece a las zonas que, se ha considerado, tienen mayor confluencia de víctimas del conflicto, sin embargo, esto no se traduce en la materialización de los derechos que le asisten a quienes han sido afectados por las hostilidades, ya que se podría convertir en un mecanismo colapsado sin capacidad para responder ante el volumen de casos de cada región.

La justicia restaurativa pretende restituir los derechos de las víctimas, pero ello no puede lograrse sin la participación activa de las mismas a lo largo del proceso judicial. Es insuficiente hablar de garantías de participación, si no se incluyen expresamente facultades de las víctimas como sujeto interviniente especial dentro de la JEP. Esperamos que la propuesta de procedimiento penal por ustedes presentada, contemple estas disposiciones, y así mismo, que este proyecto de ley sea consultado y concertado con las víctimas. Es desde un inicio que se debe garantizar su participación.

Por último, queremos llamar la atención sobre el interés que las Fuerzas Militares han demostrado frente al posicionamiento de lo que han denominado como “derecho operacional”, el cual se ha configurado como un mecanismo de impunidad que tiene consigo la pretensión de justificar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, es preocupante que los Magistrados que hacen parte de la JEP, asuman como un proceso de ‘capacitación’ la incorporación de este discurso –‘derecho operacional’- definido por uno de los actores armados y que tantas víctimas ha causado.

Esperamos que hoy no sólo se abran las puertas de la JEP, sino las puertas de la justicia para las víctimas de crímenes de Estado. Nosotras, las víctimas de crímenes de Estado, entramos al sistema ubicadas en un lugar desigual. La Fiscalía tiene investigaciones de la macrocriminalidad sobre casos de la guerrilla, ya tiene casos ordenados, pero no tiene nada organizado sobre crímenes de Estado para investigar. Pedimos un trato justo y simétrico como víctimas con respecto a las demás, y eso quiere decir que no se pueden tratar a todas las víctimas iguales, no porque el dolor sea distinto, sino porque partimos de realidades distintas.

Cordialmente,

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice

Notas:

[1] Según la CCEEU, desde el año 2.000 se reportaron 6.863 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Ver: Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y Fellowship on Reconciliation. (2011) “Falsos Positivos” en Colombia y el papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.p.124. Además, en la información recopilada para el Examen Periódico Universal de Colombia, la CCEEU sistematizó 176 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2014 y 2017.

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). En Colombia 82.998 personas fueron desaparecidas forzadamente. [En línea] Disponible en: https://goo.gl/hhQ6TP

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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