Víctimas denuncian a Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo por falsos positivos en Huila

Jueves 8 de febrero de 2018, por Prensa - Colectivo

Este jueves, 8 de febrero, en la Fiscalía General de la Nación, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Huila en 2008, interpondrán una denuncia penal en contra del Brigadier General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, actual director del Centro de Educación Militar, Cemil.

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La denuncia se sustenta en el desempeño del alto mando militar como comandante de dos unidades militares: el Batallón de Infantería No. 10 Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada y el Batallón de Infantería No. 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada, cuando las tropas bajo su mando cometieron un número no inferior a 21 casos documentados de homicidios de civiles mal llamados “falsos positivos”, en el periodo 2007-2008. Según informe de Human Rights Watch de 2015, la Novena Brigada estuvo relacionada con al menos 119 ejecuciones, entre 2004 y 2008, y la Cuarta Brigada en al menos 412 casos entre 2002 y 2008.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, interpone la demanda y acompaña a varias de las víctimas en procesos penales contra integrantes de este Batallón 27 Batallón de Infantería No. 27 Magdalena: En el caso de Ever Urquina, campesino asesinado en 2007, fueron condenados 5 de los autores materiales el pasado 26 de diciembre, y existe sanción disciplinaria contra 12 de ellos desde 2015 . Otro de los casos de este batallón, el del asesinato de Juan Perdomo Claros y Alber Augusto Lizcano, dos habitantes de calle, se encuentran condenados nueve autores materiales, y el comandante de operaciones del Batallón 27 Magdalena, Francisco Adrián Álvarez Calderón , integrante de la plana mayor de esta unidad militar presidida por Pinto Lizarazo. En el caso de Juan Diego Martínez, otra de las víctimas habitante de calle de la ciudad de Neiva, están condenados dos de los autores materiales.

El Cajar, en representación de las víctimas, considera que existe una base razonable para creer que Pinto Lizarazo tiene algún grado de responsabilidad en la comisión de estas conductas, si no por una participación activa, sí por su omisiones a los deberes inherentes a sus funciones y jerarquía. También, que a la fecha de los hechos ya existía un creciente conocimiento del fenómeno de los falsos positivos al momento de ser cometidas estas conductas por las tropas bajo su mando, por lo que difícilmente podría un comandante de Batallón, alegar que desconocía su existencia.

Esta semana se cumplen 10 años desde que se hizo público el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales. A partir de ese momento, la sociedad colombiana se convirtió en testigo habitual de centenares de madres que ante las cámaras de los medios de comunicación lamentaban la muerte de sus hijos a manos de integrantes del Ejército Nacional quienes, valiéndose de su investidura, los presentaron como integrantes de grupos guerrilleros o de organizaciones delictivas, abatidos en combates armados. En la actualidad, existen 5.700 denuncias de casos, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones, según sus cifras. La masividad con que fueron cometidos estos crímenes ha contribuido a que el término “falso positivo” se haya convertido en una palabra habitual de nuestro lenguaje cotidiano y del imaginario colectivo de nuestro país.

Las páginas judiciales de los medios de comunicación han recogido miles de casos, y en ellas se informa de alguno que otro procedimiento judicial en donde se juzgan estos hechos. No hace falta una revisión exhaustiva para advertir que el patrón común en estas noticias es que las investigaciones y procesos judiciales se han centrado en el eslabón más bajo de las responsabilidades, donde se han producido 903 condenas contra los autores materiales, según datos de la Fiscalía a 2016.

En contraste, existe un gran vacío en la investigación y juzgamiento de las responsabilidades de los superiores jerárquicos de los integrantes del Ejército Nacional cuando sus subordinados cometieron crímenes de lesa humanidad como las ejecuciones extrajudiciales en modalidad de falso positivo. En 2015, de los 16 generales del Ejército activos y retirados que estaban siendo investigados, ninguno había sido acusado. Posteriormente, han sido acusados el General Mario Montoya, Comandante del Ejército de la época y el general Henry William Torres Escalante, comandante de la XVI Brigada con sede en Yopal, Casanare. Sus casos han estado envueltos en toda clase de maniobras dilatorias que, hasta hoy, les han negado a las víctimas sus derechos a la verdad y a la justicia.

Ese vacío, además, ha contribuido a que los superiores que se beneficiaron de esos crímenes reportados como bajas causadas en combate a grupos armados al margen de la ley en sus hojas de vida, pudieran ascender con mayor facilidad en la jerarquía militar en lugar de ser sancionados, como ocurrió en el caso Pinto Lizarazo quien hoy se desempeña como director del centro de Estudios Militares, Cemil, cuyo ascenso a Brigadier General fue duramente cuestionado por Human Rights Watch .

Es necesario advertir que este no es el único caso en donde es posible afirmar que existe responsabilidad del superior por la comisión de ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos. Por el contrario, el informe de actividades del examen preliminar de Colombia realizado por la Fiscalía de la CPI sugiere que todas las divisiones del Ejército Nacional estuvieron comprometidas en su momento con conductas similares.

Bogotá, DC, 8 de febrero de 2018.

Notas

https://www.hrw.org/es/report/2015/06/23/el-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos/evidencias-de-responsabilidad-de

https://www.colectivodeabogados.org/?12-militares-del-Batallon-Magdalena-sancionados-disciplinariamente-por

https://www.colectivodeabogados.org/?Condenan-a-mayor-del-Batallon-Magdalena-por-homicidio-de-dos-habitantes-de

http://www.semana.com/nacion/articulo/falsos-positivos-human-rights-watch-pide-frenar-ascenso-de-militares/504913

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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