Palabras apertura del foro: Retos y rutas para la construcción de paz
Soraya Gutiérrez Argüello - Presidenta del Cajar

El Presidente electo Iván Duque ha anunciado que es necesario corregir las “fallas estructurales que se han hecho evidente en la implementación”, hacer modificaciones a las iniciativas normativas e institucionales para la implementación del Acuerdo Final y la realización de una evaluación del proceso de conversaciones que se ha adelantado con el ELN durante los últimos 17 meses, que entregaría mañana viernes 7 de septiembre.

Paz y Derechos Humanos | 40 Años del Cajar | Paz | Proceso de paz |

Soraya Gutiérrez Argüello
Presidenta
Colectivo de Abogados
“José Alvear Restrepo”
Septiembre 6 del 2018

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Saludos cordiales a:

● A los integrantes del cuerpo diplomático.
● A los delegados del Gobierno Nacional y organismos de control.
● Al señor Alessandro Petri, Coordinador de Construcción de Paz y Desarrollo del PNUD y Jefe de la Unidad de Reincorporación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU en Colombia
● Antonio García, Consejero Político de la Embajada de la Unión Europea en Colombia
● A Valeria Verdolini, de la VI Caravana Internacional de Juristas y a los demás integrantes de la caravana, que esta semana han visitado diversas zonas del país para verificar la situación de defensores/as de Dh
● Amigos y amigas de organizaciones internacionales de Dh, agencias de cooperación, a Brigadas internacionales de paz que han sido nuestros apoyo político, y de protección para que podamos desarrollar nuestro trabajo
● Un saludo a las Organizaciones hermanas del movimiento de Dh, a los integrantes de comunidades campesinas , indígenas y afrodescendientes, a los miembros de partidos políticos y del Congreso de la Republica presentes.
● Y un saludo muy especial a víctimas de la violencia política y el conflicto armado que mantienen su dignidad y resistencia y que han sido el motor para persistir en esta lucha contra la impunidad y por los derechos a la verdad, la justicia, reparación integral para la no repetición de los hechos de violencia.

Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, acompañándonos en este acto con el que se abre la celebración de los 40 años del CAJAR. Un largo camino hemos recorrido. Un recorrido que no lo hemos hecho solos ni solas, sino de la mano del movimiento social y de derechos humanos, de las organizaciones solidarias internacionales con quienes hemos persistido, resistido y nunca desistido en este compromiso por estas causas colectivas de combatir la impunidad estructural de las graves violaciones de Derechos Humanos, combatir la injusticia social y luchar por el respeto y garantía de los derechos humanos como fuente de legitimidad de un Estado Social de derecho y de una real democracia.

En esta reflexión de nuestro quehacer cotidiano, decidimos promover diversas actividades culturales en el marco de la 7 Semana PensArte organizada por la Corporación Yurupari y apoyada por nosotros y otras organizaciones sociales, hemos promovido la realización de dos conversatorios sobre la Paz, las garantías y protección para la defensa de los derechos humanos, en el propósito de aunar esfuerzos que nos permitan construir una ruta común para defender la paz como presupuesto para el ejercicio y garantía de los derechos humanos y de los liderazgos sociales. Estas reflexiones se suman a otras iniciativas promovidas sobre estos temas, como la impulsada para el XII Foro CPDH en el mes de diciembre, y la Conferencia Europea para el apoyo y acompañamiento a la Paz de Colombia impulsada por organizaciones nacionales e internacionales, a desarrollarse en el mes de noviembre en Bruselas.

Sin lugar a dudas, el proceso de paz ha traído muchos beneficios: Las Farc cumplieron, y entregaron más de 9.000 armas, es el único proceso de paz en el mundo que entregó más armas que combatientes y se convirtieron en partido político que actúa en la legalidad. La tercera parte de los municipios afectados con minas antipersonaya quedaron limpios de esos artefactos. Mas de 12 mil excombatientes iniciaron el proceso de reincorporación y se han salvado mas de 3 mil vidas, y es la oportunidad para impulsar profundas reformas en el país, en particular en materia agraria, en el ejercicio del poder político y en la garantía integral de los derechos de las víctimas.

El Acuerdo de Paz se depositó ante el Consejo Federal Suizo, en Berna, conforme a las normas de DIH y ante el Consejo de seguridad de las Naciones unidas como garante de su cumplimiento. Cuenta con el apoyo político y económico de los países garantes, de Gobiernos europeos y latinoamericanos, de diversas instituciones de la UE, de la organización de las Naciones unidas con la Misión Política en terreno, y el respaldo de un amplio sector de las organizaciones de la sociedad civil. Es una esperanza para la paz en Colombia en especial en la áreas rurales del país, pues sus contenidos abren un camino para avanzar en la superación de la desigualdad y el desarrollo de estas zonas olvidadas históricamente por los gobiernos de turno.

Varios de los contenidos fundamentales del Acuerdo de paz hacen parte de la Constitución Política con la aprobación de los Actos legislativos: El Acto Legislativo 01/17 que incorporan el SIVJRNR a la Constitución Nacional incluyendo la participación política de los excombatientes. El AL 02/17 que destaca que la paz es un objetivo de primer orden dentro de la organización política adoptada por la Constitución, y que el Acuerdo es un instrumento para concretar el valor y el derecho a la paz, la obligación a las autoridades del Estado de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo, así como el principio de estabilidad y seguridad que en los próximos tres gobiernos se respetara lo acordado. El Acto Legislativo 03/17 que permite la participación política a las Farc, la transformación en un partido político con personería jurídica y con todas las garantías legales. El 04/17 que establece que las entidades territoriales que reciban recursos del Sistema de Regalías se comprometen a invertir estos recursos en la implementación del acuerdo de paz, y que durante los próximos 20 años los proyectos deben estar enfocados en temas relacionados con la implementación; y el Al 05/17 que prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares.

Estas normas que ya hacen parte de nuestra Constitución, las leyes y decretos que se han aprobado, no pueden ser materia de modificación o retroceso por parte del Gobierno del Presidente Iván Duque.

Por su parte, el proceso de diálogo con el ELN lleva más de 17 meses, y según la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 2016 hasta hoy se ha presentado una reducción de cerca del 65% del accionar bélico del ELN. Los ataques a la infraestructura petrolera se ha reducido en un 72% con respecto al 2016 y el cese al fuego bilateral, entre octubre del 2017 y enero 2018, demostró la voluntad y capacidad de esta insurgencia para suspender operaciones militares, a lo que suma que el día de ayer se produjo la liberación de tres militares en Arauca y el anuncio que se procederá en igual sentido frente a las seis personas que se encuentran retenidas en el Chocó, lo que demuestra la disposición de esta guerrilla de seguir buscando una salida política a esta confrontación armada.

El Presidente electo Iván Duque ha anunciado que es necesario corregir las “fallas estructurales que se han hecho evidente en la implementación”, hacer modificaciones a las iniciativas normativas e institucionales para la implementación del Acuerdo Final y la realización de una evaluación del proceso de conversaciones que se ha adelantado con el ELN durante los últimos 17 meses, que entregaría mañana viernes 7 de septiembre.

El Acuerdo con las Farc puede no ser perfecto, pero puso fin a décadas de conflicto armado con este movimiento insurgente, hoy convertido en partido político y abre un camino para que se amplíen los espacios de participación política, económica y social con un enfoque de derechos humanos especialmente en los territorios donde la presencia estatal ha sido nula. El acuerdo puede contribuir a facilitar la participación ciudadana como motor de los cambios democráticos que requiere el país, que fortalezca el pluralismo, como expresión de la garantía de los derechos civiles y políticos para prevenir la violencia armada.

Si el Gobierno Duque paraliza la continuación de la implementación del Acuerdo de Paz, niega el apoyo político y financiero a las instituciones responsables de implementar reformas claves, obstaculiza las reformas rurales establecidas en el punto 1 del Acuerdo, privilegia al erradicación forzada y las fumigaciones sobre la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, fortalece la agroindustria en contravía de lo establecido en el Acuerdo de empoderar a los pequeños agricultores, modifica el modelo de reintegración de los excombatientes a la vida civil, del enfoque colectivo y cooperativo acordado a programas individuales que ya existen, restringe la participación política de la Farc, modifica la JEP con penas de prisión y limita el acceso a archivos a la Comisión de la Verdad para impedir el esclarecimiento de la verdad, privilegia el juzgamiento de la Fuerza publica por salas especiales o jueces penales militares y otras medidas, será responsable de la profundizaciones de nuevas formas de violencia, en especial en donde el Estado no ha asumido su presencia más allá de la militar, y provocará la inestabilidad debilitando las posibilidades de que el Estado cumpla su rol como autoridad estatal en las periferias, lo que producirá el crecimiento de grupos armados ilegales e impedirá la reducción sostenible de la producción de drogas.

En lo que respecta al proceso con el ELN, se ha insistido por parte de esta organización que “La paz sólo es posible eliminando la violencia de la política y comenzando los cambios estructurales que justifican el alzamiento armado”. Sin embargo, el mensaje del Presidente Duque es imponer un modelo de negociación que parta del agrupamiento del ELN en áreas específicas. El cese de actividades ilegales, tiempos definidos de conversaciones, la rendición de cuentas con penas reducidas y el modelo de Desarme, Desmovilización y Reinserción, que no es otro cosa que la rendición del ELN y su reintegración a la vida legal de algún modo. Esto significaría el final de las conversaciones pues el ELN no está dispuesto a desmovilizarse sin ninguna reforma política a cambio. Por tanto debemos insistir que el proceso de diálogo debe ir más allá del cese al fuego y de hostilidades, y ser un medio para la construcción de paz con el conjunto de la sociedad colombiana, por ello es necesario y concretar los acuerdos sobre participación de la sociedad civil y las acciones humanitarias.

Urge detener los nuevos ciclos de violencia contra lideres sociales y defensores de Derechos Humanos que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. 343 han sido asesinados entre el 1 de enero del 2016 y el 22 de agosto del 2018 según las cifras de la Defensoría del Pueblo y 21 activistas han sido asesinados desde que se posesionó el Gobierno de Iván Duque. 74 ex combatientes en proceso de reincorporación que le han apostado a la construcción de la paz han sido asesinados. El cumplimiento de la paz es la garantía para la vida.

En este sentido, llamamos a fortalecer una agenda común de organizaciones de la sociedad civil donde la exigencia del diálogo social y garantías de participación sean el medio para impulsar las reformas estructurales para superar la inequidad social y económica, abrir espacios de participación política y efectiva como organizaciones sociales, que junto con el apoyo de la comunidad internacional, para contener las reformas que pretenden retroceder o truncar la implementación del Acuerdo de paz.

Nuestra agenda debería girar en torno a acciones de exigibilidad para que:

● Se asuma el compromiso de cumplir e implementar el Acuerdo Final de Paz con las Farc y se continúe con las conversaciones con el ELN sobre la base de la agenda pactada, los avances que se han adelantado y la flexibilización de las condiciones expresadas por el actual Gobierno.
● Se cumpla con los compromisos de bienestar social de las comunidades afectadas por la violencia y haya garantías en los territorios para el cumplimiento de la llamada paz territorial.
● Se cumpla el Pacto de Rechazo a la Violencia contra Líderes Sociales firmado entre el ex Presidente Santos y el presidente electo Duque para la abolición de las armas de la política y promover inmensas movilizaciones en defensa de la vida en Colombia
● Se garantice la participación política para la profundización de la democracia, lo que incluye el tramite de las normas para las 16 curules en los territorios afectados por la violencia
● Haya garantías de seguridad y protección de los líderes sociales, las comunidades en los territorios y los excombatientes de las Farc que incluye reincorporación a la vida civil de los que sigue siendo una tarea pendiente.
● Se combata a quienes dentro de los grupos de poder político instigan a la violencia.
● Se desmonte de las estructuras paramilitares situadas en varias regiones del país.
● Se adopte una política pública de garantías con énfasis en la prevención y sobre la base de los procesos que ya se venían adelantado entre el movimiento social y de Derechos Humanos
● Se desarrolle una campaña permanente: Defendamos la vida, Defendamos la paz.
● Se desmantele de la institucionalidad el concepto de enemigo interno, según el cual campesinos, indígenas, afros, etc., son enemigos de la institucionalidad y por ello merecen ser eliminados, perseguidos o amenazados para que dejen de realizar labores que son incomodas para quienes detentan el poder. Esto incluye cambios estructurales para que las fuerzas de seguridad que puedan pasar de una estrategia de contrainsurgencia a un marco de seguridad humana y de fuerza publica para la paz y los Derechos Humanos.
● Se Impulsen los programas de protección comunitaria y colectiva
● Se desarrolle la sustitución de cultivos de uso ilícito en concertación con las comunidades y sobre la base del cumplimiento de los Acuerdos ya suscritos.
● Se fortalezca la presión política desde el escenario internacional para elevar costos políticos y acompañar estas iniciativas de construcción paz y garantías para la vida.

Muchas gracias.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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