Organizaciones solicitan que la CIDH inste al Estado colombiano cumplir sus obligaciones internacionales referidas a los proyectos minero-energéticos

Martes 4 de noviembre de 2014, por Movimiento Ríos Vivos Antioquia

Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural. Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Córdoba. Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido territorios, ecosistemas, culturas ancestrales,causando daños irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de poblaciones.

Derecho a un ambiente sano | Desplazamiento | Destrucción ambiental | Abusos de las transnacionales | Hidroituango: Una tragedia provocada |

En una audiencia celebrada el lunes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 153o Periodo de Sesiones, organizaciones y movimientos sociales solicitaron a este órgano internacional,instar al Estado Colombiano a reconocer el desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” como una violación de derechos humanos que debe ser prevenida y atendida. Además pidieron verificar esta grave situación en los territorios impactados mediante una visita.

Las organizaciones expresaron su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran personas y comunidades que defienden su territorio y entorno natural. Ello ha derivado en el asesinato de 13 personas, la desaparición de una y amenazas a 25 personas que defienden los ríos en el país, incluyendo el reciente asesinato del líder comunero del pueblo Nasa, opositores a la mina la Colosa y una grave amenaza a un gobernador indígena de Córdoba. Expusieron casos concretos en los que megaproyectos han destruido territorios, ecosistemas, culturas ancestrales,causando daños irreparables como contaminación y generando desplazamiento forzado de poblaciones.

Los solicitantes presentaron ante la CIDH tres causas principales que favorecen el
desplazamiento forzado por proyectos: 1. La estrecha relación entre el conflicto armado y la implementación de megaproyectos; 2. La flexibilización y violación de normas en la autorización e implementación de proyectos, y 3. Los impactos directos por la puesta en marcha de estos.

Señalaron que la violencia sociopolítica ha facilitado la implementación de proyectos
mineros e hidroeléctricos, provocando el éxodo de personas de sus territorios y la
apropiación de los mismos por parte de empresas. “El paramilitar Salvatore Mancuso
reconoció que tres mil personas de la zona de Córdoba fueron desplazadas porque
necesitaban esas tierras libres para la construcción de represas y que había que abrirle paso a los megaproyectos”, denunciaron. Indicaron además que la ejecución de los megaproyectos en Colombia imposibilita los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado y del desarrollo.

Adicionalmente, señalaron que el Estado esta haciendo uso arbitrario de figuras
jurídicas legales como la declaratoria de utilidad pública para dar vía libre a estos
proyectos, sin considerar los impactos en derechos humanos y en el ambiente, asuntos también de interés público, lo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de expropiación o despojo legal, y en consecuencia, causal de desplazamiento forzado.

Los megaproyectos están afectando gravemente los territorios y las culturas ancestrales, causando daños irreparables como la contaminación ambiental que están provocando desplazamientos de poblaciones.

Están causas, que han generado por lo menos 200.000 desplazados víctimas de la implementación de proyectos hidroeléctricos, fundamentan la petición realizada por las organizaciones de que sea declarada la moratoria de los megaproyectos de minería y de hidroeléctricas como única garantía de protección y prevención de mayores vulneraciones de los derechos, hasta tanto no se evalúe estructuralmente la política y se garanticen los derechos fundamentales de los afectados.

Finalmente, las organizaciones pidieron la intervención de la CIDH para que en
Colombia se instale de inmediato una Mesa Integrada, donde participen los afectados,con el propósito de debatir la política minero energética y construir un modelo que no propicie el desarraigo y responda a las necesidades de las comunidades, y tenga en cuenta las advertencias realizadas por la Corte Constitucional y la Contraloría General de la República sobre la necesidad de definir otras formas sustitutivas de generación de energía como las estipuladas por la Comisión Mundial para Represas.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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