Ni una vida más deben costarnos la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz
VII SOS por la vida, por la paz y las garantías de no repetición

Miércoles 16 de agosto de 2017, por Prensa - Colectivo

En los últimos dos meses y medio, desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto, según información recopilada de organizaciones sociales regionales y nacionales, se han producido 27 asesinatos contra la paz. 16 contra líderes sociales, entre ellos el del integrante de la Mesa de Víctimas Bernardo Cuero y el de la defensora de derechos humanos Idalia Castillo Narváez quien también fue víctima de violencia sexual.

Paz y Derechos Humanos |

Foto: Idaly Castillo Lideresa social toturada, violada y asesinada el 9 de agosto de 2017 en Rosas, Cauca.

El 15 de agosto culminó el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las Farc que pone fin al conflicto armado más antiguo del continente. Cientos de vidas se han salvado desde que se pactó el cese bilateral al fuego hasta llegar a este hecho que consolida el fin del conflicto entre el Estado colombiano y esta organización armada que ahora pasa a convertirse en agrupación política. Por otra parte, el pasado 24 de julio se inició una tercera ronda de negociación con la guerrilla del ELN donde se logró un importante acuerdo entre las partes sobre la necesidad del cese bilateral del fuego que sigue enfrentando desafíos en su concreción.

Por otra parte sobresalen los incumplimientos estatales en materia de Amnistías e indultos pactados De los 3.406 presos, solo han recibido beneficios 985. De estos 985, 714 han obtenido la libertad condicional (con compromiso de presentarse a la JEP) y 271 han sido trasladados a las zonas veredales, ahora zonas de paz. También continúan los asesinatos contra guerrilleros en proceso de reincorporación que en el periodo cobraron la vida de siete de ellos. Según reportes de las zonas de paz, durante el 2017 11 guerrilleros y 11 familiares han sido asesinados por paramilitares, autores desconocidos y en tres casos de guerrilleros en reincorporación, los hechos se atribuyen al ELN.

Esto en contraste con la celeridad para hacer efectivas libertades transitorias de miembros de la fuerza pública en el marco de la misma ley, o haciendo uso incluso de medidas que van más allá, como el decreto 706 que suspenden órdenes de captura y medidas de aseguramiento sin requisito alguno y que ha cobijado a 239 militares, sin contar con la participación de las víctimas ni tomar medidas de prevención y protección a su favor. Los tratamientos penales especiales para agentes de la fuerza pública se han ido apartando de lo acordado en las negociaciones hacia una ampliación de beneficios que desconoce la responsabilidad mayor por su papel de garantes y el compromiso con la reparación integral de las víctimas.

Por otra parte, avanza la materialización del punto 5 del Acuerdo, el de Víctimas, con el inicio del proceso de selección por parte del Comité de Escogencia, de quienes integrarán los órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, SIVJRNR: a) la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV b) la Justicia Especial para la Paz, JEP c) La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, y d) la Unidad para el desmonte de estructuras herederas del paramilitarismo.

En materia de leyes y decretos de implementación, sigue el trámite de control constitucional durante el cual se han desarrollado dos audiencias públicas de gran trascendencia, en relación con la revisión del Acto Legislativo que creó el Sistema Integral en su conjunto, y de la Ley de Amnistía, Indulto y otros tratamientos penales especiales. También se está a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre estas y otras normas que desarrollan el punto 5 del Acuerdo.

En el Congreso siguen pendientes la Ley Estatutaria de la JEP, la reforma a la Ley de víctimas y restitución de tierras, 1448 de 2011, el conjunto de la implementación del punto sobre Reforma Rural Integral, la legislación para el tratamiento penal diferenciado a cultivadores, cultivadoras y mujeres en situación de vulnerabilidad por delitos asociados al tráfico de drogas, así como la adopción de la política que incluye la sustitución de cultivos de uso ilícito dentro de un programa de desarrollo integral para las comunidades.

Estos avances y retos en el Acuerdo de Paz ocurren en el contexto adverso de una estrategia de terror contra quienes la construyen. Es así como en los últimos dos meses y medio, desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto, según información recopilada de organizaciones sociales regionales y nacionales, se han producido 27 asesinatos contra la paz, todos ellos en el contexto del control territorial de estructuras paramilitares.

Cinco de los asesinatos ocurrieron en Valle del Cauca (tres de ellos pobladores, uno contra un guerrillero en reincorporación y uno contra un líder social). Cuatro en Nariño (tres contra guerrilleros en proceso de reincorporación y uno contra un líder social). Otros tres ocurrieron en Antioquia (dos guerrilleros en reincorporación y el rector de un colegio y líder de su comunidad) donde hay una grave situación de derechos humanos constatada recientemente en el informe regional presentado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Dos homicidios más, de líderes sociales, ocurrieron en el departamento del Cauca, dos de guerrilleros en reincorporación en Caquetá, y los cinco restantes – uno en cada departamento- se cometieron en Atlántico, Córdoba, Chocó, Meta, Norte de Santander.

En relación con los atentados, dos graves hechos se presentaron el periodo del actual SOS: Uno en contra de dos integrantes de las Farc en proceso de reincorporación en el municipio de Suárez, Cauca, por autores desconocidos y otro contra un campesino en Puerto Rico, Meta. Este último en el contexto de un operativo de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito adelantado por la Policía Antinarcóticos.

En cuanto a defensoras y defensores, 16 fueron asesinados en el periodo, entre ellos el integrante de la Mesa de Víctimas Bernardo Cuero y la defensora de derechos humanos Idaly Castillo Narváez quien también fue víctima de violencia sexual, y en los últimos 15 días se han producido cinco asesinatos contra líderes y defensores, uno cada tres días, promedio igual al del mes de marzo que presentó la tasa más alta del semestre.

También persisten las amenazas como mecanismo de agresión. En el actual periodo, es de especial preocupación que del total de 17 amenazas -individuales y colectivas- cinco han sido dirigidas contra el defensor Huber Ballesteros y su núcleo familiar. Huber Ballesteros, integrante del movimiento Marcha Patriótica, recobró recientemente su libertad luego de haber permanecido en prisión como producto de un montaje judicial. Dentro de las amenazas colectivas se encuentra la recibida por 13 defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de la Mesa Nacional y Distrital de Víctimas, la organización no gubernamental Viva la Ciudadanía y la precandidata presidencial Piedad Córdoba. También son preocupantes las amenazas contra líderes ambientales como ocurrió en el caso de promotores de consultas mineras en Cajamarca, Tolima y la Vega, Cauca.

Entre las amenazas del periodo, también tenemos que lamentar profundamente los hechos derivados de la intervención de Soraya Gutiérrez Argüello, abogada del Cajar y vocera del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, en la reciente audiencia en la Corte Constitucional. Después de intervenir en la Corte señalando la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos, la abogada y defensora de derechos humanos fue objeto de señalamientos públicos por parte del vocero de la Asociación Colombiana de Militares en Retiro, Acore. Después de la audiencia siguió siendo blanco de amenazas, seguimientos y mensajes intimidatorios por vía telefónica y le fue dejada una muñeca en el asiento de su automóvil, recordando el terrible episodio de amenaza en su contra por parte del extinto DAS.

También continúan los hostigamientos, seguimientos por parte de paramilitares y autores desconocidos, así como abusos de la fuerza pública contra organizaciones y líderes sociales como los recientemente ocurridos en el paro de Segovia, Antioquia y las protestas de las comunidades de Usme en Bogotá por impactos del botadero de Doña Juana. Otra de las prácticas constantes de abuso de la fuerza pública son los operativos de erradicación forzada que desconocen lo pactado en el Acuerdo de Paz, en materia de sustitución voluntaria con planes de desarrollo integrales para las comunidades.

La persistencia del paramilitarismo ha sido documentada por las organizaciones sociales en 20 episodios durante los dos últimos meses, en los departamentos de Antioquia, particularmente en San José de Apartadó, región el Urabá antioqueño. Allí la Comunidad de Paz sigue viviendo el constante asedio paramilitar y ha registrado patrullajes, robos, grafitis con propaganda paramilitar y simulacros de combates con la XVII Brigada.

También en el Cauca, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Reddhhfic, registró cuatro episodios de presencia paramilitar, en los municipios de Caloto, La Vega y Buenos Aires, donde se presentan como integrantes de las "Autodefensas Unidas de Colombia", estructura que hizo parte del proceso de desmovilización de 2003. También en Cacarica, Chocó, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó que hombres armados que se presentan como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” han hecho reuniones en las que obligan a los pobladores a participar, también en los municipios de Pradera y Florida, Valle del Cauca. Este mismo grupo junto con otros denominados “Guerrillas Unidas del Pacífico” y “Frente Conquistadores del Sur” han hecho presencia en los municipios de Tumaco, Rosario y Leiva, con paradas, grafitis y panfletos, como lo documentan la Reddhhfic y Marcha Patriótica.

La continuidad y características actuales del paramilitarismo han sido documentadas por organizaciones con amplia trayectoria investigativa como la Corporación Nuevo Arcoiris e Indepaz y por los medios de comunicación. Este reconocimiento, como hemos insistido, también está recogido en el mismo Acuerdo de Paz que crea mecanismos para su desmonte como la Unidad para el desmantelamiento del paramilitarismo, en la que participan activamente las organizaciones sociales, y el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política cuya entrada en funcionamiento consideramos urgente para detener la repetición de procesos de exterminio que han rodeado otros acuerdos de paz.

Pero el obstáculo más grande para detener los crímenes contra la paz sigue siendo el discurso oficial negacionista en voz de instituciones como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, entidades fundamentales para desmontar las estructuras criminales que atentan contra líderes sociales. Esto hace que los esfuerzos se dirijan de manera equivocada hacia el combate del “crimen organizado” dirigido únicamente a identificar los autores materiales, sin llegar a atacar las estructuras detrás de los mismos ni las causas de la continuidad de estas estructuras, incluyendo sus vínculos con sectores de fuerza pública y la persistencia de doctrinas que consideran a defensoras y defensores como parte de un enemigo interno que hay que atacar.

Dentro de esa misma política negacionista, salvo los datos aportados por la Defensoría del Pueblo en el mes de marzo de este año, es notorio el desinterés del Estado por contar con un sistema de información oficial sobre estos ataques de los que siguen siendo víctimas defensoras y defensores, líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.

El grueso de la información seria y documentada que circula es la que recopilan las organizaciones regionales y nacionales especializadas. Sin embargo esta cae también en oidos sordos, así como los esfuerzos de incidencia y la participación activa de las organizaciones de derechos humanos en los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz, los diversos pronunciamientos, las constantes alertas y llamados de la comunidad internacional.

Entre tanto, líderes y lideresas bajo amenaza siguen en total indefensión. Los victimarios como lo demuestran los asesinatos reseñados en el periodo, llegan incluso hasta sus casas y lugares de trabajo, los atacan en sus entornos familiares, invaden sus comunicaciones y ejercen el control sobre sus territorios, vulneran esquemas de protección cuando estos existen, pero también están expuestos a sistemas precarios o a la ausencia total de los mismos. Ante este panorama, organizaciones defensoras de derechos humanos estamos llamadas a fortalecer nuestros lazos de solidaridad eficaz, atendiendo al llamado que precede al lanzamiento del informe semestral del programa Somos Defensores.

La construcción de la paz es un reto que compromete al conjunto de la sociedad colombiana. El Estado debe proteger a defensoras y defensores, líderes sociales, guerrilleros y guerrilleras en proceso de reincorporación y debe prevenir la comisión de nuevos crímenes, enfocando sus esfuerzos, no hacia la negación de la realidad sino hacia su transformación. Ni una vida más deben costarnos la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz.

Ver anexo de hechos del periodo

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035