La población civil de Colombia sigue sufriendo graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares: Human Rights Watch

Viernes 30 de enero de 2015, por Human Rights Watch

En su más reciente informe anual global, Human Rights Watch advierte sobre la continuidad del paramilitarismo y de los ataques de las guerrillas contra la población civil en Colombia. También llama la atención sobre iniciativas legislativas para garantizar la impunidad en crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública. De igual forma, reseña las conversaciones de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las Farc y los anuncios de inicio de conversaciones con la guerrilla del ELN.

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La población civil de Colombia sigue sufriendo graves abusos cometidos por guerrillas y grupos sucesores de paramilitares. Los úlitmos surgieron luego de un proceso oficial de desmovilización paramilitar llevado a cabo hace una década. La violencia asociada con el conflicto armado interno en Colombia ha provocado el desplazamiento forzado de más de 5,7 millones de colombianos, y cada año más de 200.000 personas abandonan su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios enfrenten amenazas de muerte y actos de violencia. Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado de forma consistente estos ataques, la falta de investigaciones efectivas implica que los responsables son rara vez arrestados.

El gobierno de Santos sigue promoviendo la adopción de varios proyectos legislativos que limitarían el juzgamiento de asesinatos de civiles perpetradas por militares, incluyendo las ejecuciones que se conocen como “falsos positivos”. Los proyectos legislativos propuestos generarían un grave riesgo de que estas causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable record en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
Colombia

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) participan en conversaciones de paz en Cuba desde 2012, y a la fecha de preparación de este informe habían llegado a un acuerdo sobre tres de los seis temas de la agenda de negociación. El 10 de junio, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más numerosa de Colombia, anunciaron que habían iniciado conversaciones exploratorias de paz.

En marzo, el gobierno destituyó al alcalde de Bogotá, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar jurídicamente vinculante que solicitaba al gobierno que no adoptara esa decisión. El Presidente Santos cumplió posteriormente con una orden de un tribunal colombiano que exigía restituir al alcalde en su cargo.

Abusos de las guerrillas

Es común que las FARC ataquen a civiles. Por ejemplo, en el municipio de Tumaco, en la región sudoeste de Colombia, las FARC fueron responsables de abusos generalizados en 2013 y 2014, incluidos asesinatos, desapariciones, tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas de muerte contra líderes comunitarios. En un caso de junio, existen evidencias convincentes de que miembros de las FARC secuestraron, torturaron y asesinaron a Mónica Julieth Pernia, una residente de Tumaco de 25 años.

El ELN también continúa cometiendo graves abusos contra civiles, como asesinatos, secuestros y reclutamiento de menores. El 15 de septiembre de 2014, miembros del ELN le dispararon y mataron a dos trabajadores petroleros que estaban inspeccionando un oleoducto en el municipio de Teorama, en la región nordeste de Colombia.

Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersonal. El gobierno informó que 6 civiles murieron y otros 65 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2014 a causa de minas antipersonal y municiones sin detonar.
Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Los grupos sucesores de paramilitares, que con frecuencia son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados, incluidos asesinatos, desapariciones y violencia sexual.

En Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana, grupos sucesores de paramilitares, entre ellos los Urabeños, continúan cometiendo atrocidades, como desapariciones y descuartizamientos. Estos grupos han provocado que Buenaventura presente los índices más altos de desplazamiento forzado en Colombia: más de 33.000 residentes abandonaron sus hogares en 2013, y 22.383 lo hicieron entre enero y el 1 de noviembre de 2014, según datos difundidos por el gobierno en noviembre.

En ocasiones los grupos se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales. En marzo, la Fiscalía ordenó la captura del coronel del Ejército retirado Robinson González del Río, quien habría liderado un red de miembros activos y retirados de la fuerza pública que vendía armas a los Urabeños.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que ofrece drásticas reducciones en las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. Hasta septiembre de 2014, solamente 37 de los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron oficialmente habían sido condenados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a nueve años de su promulgación. Las condenas cobijan tan sólo una pequeña proporción de los casi 70.000 delitos confesados por los acusados que reclaman los beneficios de la ley.

Continuaron las investigaciones de la “parapolítica”, que indagan sobre los nexos entre paramilitares y miembros y ex miembros del Congreso. Más de 55 legisladores han sido condenados desde 2006.

Lea aquí el informe completo y los informe por país

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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