Instalan placa en el Batallón La Popa en memoria de dos indígenas Wiwa asesinados
En hechos que comprometen la responsabilidad del Estado por omisión

Lunes 4 de febrero de 2019, por Prensa - Colectivo

Este 28 de enero de 2019 se instaló en el Batallón La Popa de la ciudad de Valledupar una placa conmemorativa por el asesinato de los indígenas del Pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ángel Milquiades y Rafael Darío Loperena Montero, asesinados por paramilitares el 18 de enero de 2005, quienes habrían actuado en connivencia con agentes de la Policía y del Ejército.

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Ángel Milquiades había sido tesorero de la Organización Indígena Wiwa Yugumaiun Tayrona, OWBYT, y Darío Rafael se había desempeñado como maestro de la comunidad Siminke del pueblo Wiwa de la cual se vio forzado a desplazarse hacia Caracolí.


Ma. Felipa Montero, madre de Ángel y Rafael y sus hermanos sobrevivientes

En el año 2005, los hermanos Loperena Montero se habían asociado para dedicarse al cultivo de yuca como medio de subsistencia. La tarde del 18 de enero de ese año, cuando se encontraban departiendo en un local comercial en San Juan del Cesar, fueron abordados y requisados por la Policía. Horas después, al dirigirse a otro establecimiento, hombres armados les dispararon segando sus vidas.


Ma. Felipa Montero, madre de Ángel y Rafael, descubre la placa

El acto se realizó tres años después de que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira condenara a la Polícia Nacional y al Ejército Nacional por la responsabilidad por omisión, ordenando fijar una placa en un lugar visible, en los Comandos de Policía de los municipios de Riohacha y Santa Marta, en el Batallón Rondón, en Cartagena y La Popa, Valledupar.

En la develación e instalacion de la primera placa, en el Batallón la Popa, se recordaron los hechos y se reconoció la responsabilidad del Estado colombiano por omisión, pues los agentes de la fuerza pública no actuaron para proteger la vida de los dos indígenas pese a tener conocimiento de la presencia de grupos paramilitares y de la situación de riesgo en que se encontraban ellos y sus comunidades.

Pedro Loperena representante de la OWBYT lee la inscripción en la placa conmemorativa

El homicidio de Ángel y Rafael tuvo como contexto la violencia paramilitar vivida por el pueblo indígena Wiwa al haber sido estigmatizados como colaboradores de la guerrilla de las Farc-EP. Entre 1998 y 2002, como producto de las acciones de la estructura paramilitar autodenominada Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, se habían documentado en la Sierra Nevada 44 desapariciones Forzadas, 166 ejecuciones extrajudiciales, 92 torturas, 52 secuestros, además de dos masacres y el desplazamiento de al menos 1300 integrantes de pueblos indígenas.

La crisis humanitaria vivida por los indígenas de la Sierra, y en particular contra las pueblos Wiwa y Kankuamo, había sido documentada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, -Onic y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar quienes solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenadas por este organismo en febrero de 2005.

Segundo Vicente hermano de Ángel y Rafael Loperena Montero

En su fallo, el Tribunal de la Guajira ordenó como garantía de no repetición, que la Fiscalía General de la Nación reabra el proceso penal que se encuentra en la más completa impunidad. También enviar copia íntegra y auténtica de la sentencia y de la parte resolutiva, mediante una circular conjunta que debe llevar las firmas del titular de la cartera del Ministerio de Defensa, del Comandante General de las Fuerzas militares, de cada uno de los comandantes de la fuerza (Ejército-Armada- Fuerza Aérea) y del Director General de la Policía Nacional, a las diferentes Divisiones, Brigadas, Batallones, Comandos y Estaciones de cada una de las dependencias que integran la fuerza pública que operan actualmente en el país, con el propósito de que se instruya acerca de las consecuencias, responsabilidades y sanciones que para el Estado colombiano representan y/o generan conductas u omisiones como las que dieron lugar a estos hechos.

Durante el acto, el Teniente Coronel Luiyi Yovany Olarte Fierro, comandante del Batallón de Artillería No. 2, La Popa, expresó su compromiso con el Pueblo Wiwa, afirmando que no escatimarán esfuerzos para velar por la protección de sus comunidades. Las víctimas y sus representantes esperamos que la aceptación de responsabilidad por los hechos perpetrados, el reproche público y oficial de estos crímenes y el cumplimiento de esta medida signifiquen un compromiso real de las fuerzas militares como autoridades garantes de derechos para que graves crímenes como estos no se vuelvan a repetir NUNCA MÁS.


María del Pilar Silva Garay, abogada de las víctimas, integrante del Cajar
El Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" -Cajar, ha realizado el acompañamiento jurídico en instancias nacionales e internacionales aal pueblo indígena Wiwa.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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