El país movilizado exige justicia social, paz y verdad histórica
XVIII SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición. Noviembre 2019 - Enero de 2020

Martes 18 de febrero de 2020, por Prensa - Colectivo

En este contexto, en el periodo del actual SOS – del 30 de noviembre de 2019 al 30 de enero de 2020- recibimos denuncias de 193 violaciones a los derechos humanos, 30 más que en el periodo anterior, (Agosto – Noviembre de 2019) 73 de ellas asesinatos, 50 casos de abuso de la fuerza pública, la mayoría de ellos en el contexto del Paro Nacional, 16 de hostigamientos, 13 atentados, siete (7) contra líderes sociales y seis (6) contra ciudadanos en el marco del toque de queda decretado por el presidente de la República.

Derecho a la vida | Paz | Proceso de paz | Paz y Derechos Humanos |

El II Encuentro de Organizaciones Sociales celebrado el pasado 30 de enero ha sido el punto de partida y de llegada de una movilización social sin precedentes. No obstante las preocupaciones y necesarias autocríticas del movimiento social organizado, es claro que después del 21N el eco de las demandas por los derechos humanos en Colombia resuena mucho más allá de las y los protagonistas tradicionales del descontento social.

Anticipándose a la agenda legislativa y guiándose por lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, la ciudadanía se lanzó a las calles informada e indignada por el avance agresivo de la desigualdad social por vía de una reforma pensional que la profundiza, y una reforma tributaria que deja de cobrarle a los más ricos para centrarse en las capas medias y bajas, con paliativos vergonzosos como la propuesta de los tres días sin IVA.

La perfidia del gobierno de Iván Duque con lo pactado en el Acuerdo de Paz y el cotidiano asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, también se sumaron a ese creciente descontento que se incubó desde el movimiento estudiantil durante todo el 2018 hasta llegar a los barrios y los parques del país a través de cacerolazos y expresiones artísticas que cerraron el 2019.

Ni la campaña de desprestigio previa al Paro Nacional ni los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias, las personas heridas o el asesinato de Dilan Cruz lograron acallar el descontento social que se extendió hasta bien avanzadas las festividades de fin de año.

2020 empezó con la alarmante cifra de un defensor o defensora de derechos humanos asesinada cada día, en acciones que sucedieron y parecieron la respuesta desafiante al Paro Nacional, en medio de un contexto territorial de rearme de excombatientes, proliferación de estructuras paramilitares y control territorial de carteles de narcotráfico de naturaleza trasnacional.

En las capitales donde obtuvieron victorias candidatos diferentes a los de partidos tradicionales, el año comenzó con gran expectativa en relación con el manejo de la protesta social y el rechazo generalizado al Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD, responsable del homicidio de Dilan Cruz. En Medellín el Alcalde decidió no sacar este grupo a la calle lo que redujo en gran medida los abusos de autoridad vividos en las jornadas de noviembre, y en Cali, solo se presentó un episodio de enfrentamiento en la sede Meléndez de la Universidad del Valle.

En Bogotá, tras los primeros anuncios de reanudar el protocolo de protesta social suscrito entre el movimiento social y la administración Petro en 2015, se presentó un despliegue de ESMAD en la Carrera 30 al frente de la Universidad Nacional el día 16 de enero, así como intentos de interlocución con el Secretario de Gobierno, a quienes los manifestantes reclamaron ser un funcionario ajeno a la agenda nacional que motiva el Paro.

Rápidamente, quedó en evidencia que también esta administración tuvo como prioridad el despeje de las vías, pero también que los debates de fondo que plantea el estudiantado y el movimiento social siguen sin encontrar interlocutor en las autoridades del orden nacional. En la siguiente jornada de movilización, el 21 de enero, prevaleció de nuevo el enfoque de orden público tanto en Bogotá como en otras ciudades, junto con la narrativa imperante “contra el vandalismo” como eje de la discusión, acompañada de un saldo de 212 personas detenidas y 12 heridas.

En este contexto, en el periodo del actual SOS – del 30 de noviembre de 2019 al 30 de enero de 2020- recibimos denuncias de 193 violaciones a los derechos humanos, 30 más que en el periodo anterior, (Agosto – Noviembre de 2019) 73 de ellas asesinatos, 50 casos de abuso de la fuerza pública, la mayoría de ellos en el contexto del Paro Nacional, 16 de hostigamientos, 13 atentados, siete (7) contra líderes sociales y seis (6) contra ciudadanos en el marco del toque de queda decretado por el presidente de la República. También recibimos 9 denuncias sobre presencia paramilitar, 8 de infracciones al DIH y otros 13 hechos entre desplazamientos forzados, desapariciones, confinamientos y el caso de inteligencia ilegal revelado por la revista Semana.

Ver anexo de hechos del periodo

Se recrudece y complejiza la violencia en los territorios

Por departamentos, nuevamente el Cauca fue el que registró el mayor número de hechos con 41 denuncias, seguido de Bogotá con 31, donde se incrementaron por los abusos de autoridad en el marco de la protesta social, Antioquia con 26, Valle del Cauca con 21, Putumayo 18, Chocó 10 y Nariño 9 con denuncias recibidas.

En suma, la región Suroccidente (Valle, Cauca y Nariño) concentró 70 de los 193 hechos registrados en el periodo, y de estos 70, 41 ocurrieron en el Departamento del Cauca donde las comunidades afrontan una grave crisis humanitaria por cuenta de enfrentamientos entre las guerrillas “Segunda Marquetalia” surgidas por el incumplimiento del Acuerdo de Paz, el ELN, las llamadas “disidencias” ligadas a mafias del narcotráfico y los grupos narcoparamilitares con nexos con los carteles de Sinaloa y Jalisco. Estas últimas estructuras, según denuncian las propias comunidades, actúan en alianza con integrantes de la fuerza pública para el control territorial, de rutas de narcotráfico y para atacar a líderes promotores de la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito, o a defensoras y defensores del territorio.

En la capital del país, con 31 denuncias durante el periodo, todas ellas en el marco del Paro Nacional, recibimos 22 relacionadas con abusos de la fuerza pública con hechos como ataques directos a manifestantes, infiltración de las protestas, hostigamientos, disolución arbitraria de las protestas, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los protocolos de actuación de la fuerza pública. Además de las y los manifestantes heridos durante las jornadas, también se presentaron dos casos de transeúntes durante el toque de queda, heridos a manos de desconocidos, así como el homicidio de Dilán Cruz cometido por el agente del ESMAD Manuel Cubillos Rodríguez, un hecho que sigue en la impunidad y del que se desconoce toda la cadena de mando que operó detrás de la decisión de disparar contra el joven manifestante.

En Antioquia, por otra parte, se presentaron 25 denuncias en el periodo, 14 de ellas homicidios, nueve (9) en la región del Bajo Cauca Antioqueño y en los municipios de Ituango y Dabeiba. Esta región se debate entre la tragedia provocada por el megaproyecto fallido Hidroituango que ha dejado a su paso la constante zozobra por lo que pueda pasar con la represa, y el enfrentamiento entre los grupos paramilitares denominados Clan del Golfo y Caparros, así como algunas estructuras de las llamadas disidencias Farc, en medio de una fuerte militarización del territorio.

El Valle del Cauca, con 22 denuncias, también vive el recrudecimiento de la violencia con la presencia paramilitar en Buenaventura donde también hace presencia el frente “Jaime Martínez” de las llamadas disidencias de Farc y la guerrilla del ELN; De igual forma Jamundí fue escenario de enfrentamientos entre el frente “Oliver Sinisterra” de las llamadas disidencias e integrantes del Cartel de Sinaloa que dejaron a su paso la masacre de cinco personas.

Por otra parte, recibimos 18 denuncias de violaciones a los derechos humanos en el departamento del Putumayo, nueve de ellas (9) homicidios, tres (3) hechos de desplazamiento forzado como consecuencia de enfrentamientos entre un grupo armado al servicio del narcotráfico denominado “La Mafia” y el Frente Carolina Ramírez de disidencias Farc, y otros cuatro (4) entre desplazamientos y hostigamientos como el vivido por la habitantes de la Perla Amazónica de parte de la empresa Amerisur que pretende que la comunidad retire las denuncias por contaminación de sus aguas. También registramos por su gravedad la práctica de reclutamiento forzado de personas provenientes de Venezuela para trabajar como raspachines, pero también de mujeres con fines de explotación sexual, revelada por la revista Semana en un reportaje de diciembre de 2019.

El departamento del Chocó también afronta un notorio resurgimiento del paramilitarismo denunciado desde los primeros días del año por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. De las (9) nueve denuncias recibidas durante el periodo, seis (6) hacen referencia a la presencia paramilitar de las autodenominadas “Autodefensas Gaitanistas” o Clan del Golfo en los municipios de Bojayá, Carmen del Darién, Nuquí y Nóvita, donde se han presentado enfrentamientos entre estos grupos y la guerrilla del ELN, dejando a su paso desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos de líderes sociales y amenazas a la población que incluso ha sido obligada a deforestar y sembrar coca como ocurrió con la comunidad de Jiguamiandó en el municipio del Carmen del Darién.

Frente a esta amalgama de amenazas contra la población indígena, afro y campesina en regiones como el Norte del Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, el Catatumbo y el Pacífico chocoano y nariñense, y que se acrecienta con hechos como el paro armado decretado por el ELN y el EPL, el Acuerdo de Paz cuenta con las soluciones, particularmente los puntos 1 y 4, para desactivar este conflicto que se ha recrudecido con la complicidad o por la negligencia de agentes del Estado.

Esta situación exige la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad para que se creen o consoliden zonas humanitarias en las regiones más golpeadas por la violencia, para que se proteja a la población civil y, con su activa y determinante participación, se avance en acuerdos humanitarios, acuerdos de sometimiento a la justicia y otras herramientas contempladas en la Constitución y los Acuerdos de Paz para superar definitivamente estos conflictos.

En relación con ataques por sectores de la población, registramos 14 contra excombatientes, 10 de estos fueron homicidios, dos (2) atentados y una (1) amenaza. Uno de los atentados corresponde al confuso hecho en el que murieron dos presuntos integrantes de disidencias de Farc que tendrían la intención de atentar contra la vida del dirigente de este partido político, Rodrigo Londoño. La versión inicial de la Policía se debilitó ante evidencias reveladas por El Espectador el 27 de enero, que señalaron que estas personas habrían sido sometidas a tortura, y que murieron en circunstancias diferentes al enfrentamiento con la Policía que relató el director de la institución Oscar Atehortúa.

Las defensoras y defensores de derechos humanos siguen siendo el principal blanco de los ataques de organizaciones armadas en los territorios que ya no solo se dirigen contra ellos sino contra sus familias. En el periodo del presente SOS registramos 32 homicidios contra líderes o lideresas sociales defensores de derechos humanos, pero también el asesinato de la madre y el abuelo del defensor Fabio Montero Henríquez en Leiva, Nariño, del hijo de Edgar Caicedo, líder de Guapí, Cauca; otras tres personas que murieron en una masacre donde fueron asesinados dos líderes de sustitución en Tarazá, Antioquia, el compañero sentimental de la ambientalista Natalia Jiménez, asesinado junto con ella en Palomino, Guajira; y un hombre de la tercera edad asesinado junto con la lideresa social Gloria Ocampo, en Puerto Guzmán, Putumayo. Defensoras y defensores también sigue siendo objeto de amenazas, desplazamiento forzado, hostigamientos y de inteligencia ilegal, según revelaciones de la revista Semana, del pasado 12 de enero, aún sin precisar ni esclarecer por parte de la Fiscalía.

Lo niego todo

Mientras sigue esta alarmante situación en los territorios y ante la protesta ciudadana, prevalece un insólito discurso negacionista desde el Ejecutivo y el judicial. A finales del año anterior, el exasesor presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, descartó la existencia de un plan sistemático y generalizado detrás de la muerte de líderes sociales, para terminar por poner en duda incluso la comisión de estos crímenes a comienzos de este año. El mismo funcionario fue designado recientemente Fiscal General de la Nación. Un síntoma de continuidad de la pésima gestión de Néstor Humberto Martínez en relación con el esclarecimiento de los crímenes contra defensoras y defensores.

Al respecto, no es posible tampoco pasar por alto las declaraciones del Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, haciendo eco de esta misma lectura sobre las cifras de asesinatos de defensoras y defensores al afirmar que solo había un caso confirmado. Esta afirmación se limita al seguimiento que hace Naciones Unidas del fenómeno, desconociendo las cifras de las organizaciones de derechos humanos, pero también el liderazgo social y el carácter de defensores del derecho humano a la paz, de quienes están liderando la implementación de los Acuerdos en los territorios, por ejemplo, promoviendo la sustitución de cultivos de uso ilícito.

También ante la agenda del Paro Nacional ocupa al país, el gobierno del presidente Duque prefiere mirar para otro lado, privilegiar los intereses de su gabinete de empresarios y afianzar un pacto de élites con los demás partidos tradicionales, desafiando al movimiento social.

Un ejemplo de esto es el nombramiento de Nancy Patricia Gutiérrez en la Alta Consejería para los Derechos Humanos pasando por alto las investigaciones que esta funcionaria tuvo por haber espiado a la dirigente política Piedad Córdoba, un delito del que fue absuelta, pero que tiende un manto de duda sobre la hoy Consejera.

Pero también el reciente decreto que pretende revivir las aspersiones aéreas de cultivos de uso ilícito a pesar del fallo de la Corte Constitucional, o el que autoriza las actividades de exploración para implementar Fracking y que ya había sido suspendido por decisión del Consejo de Estado en noviembre de 2018.

Tampoco en materia de verdad histórica y memoria, el gobierno Duque parece entender el momento actual. Mientras la justicia transicional avanza en su tarea de reconstruir los hechos más graves ocurridos en el contexto del conflicto armado, el gobierno insiste en una política negacionista que se expresa en decisiones como la de mantener a Darío Acevedo Carmona como director del Centro Nacional de Memoria Histórica a pesar de los reclamos de las víctimas, nombrar a un museólogo de las fuerzas armadas en el Museo Nacional de la Memoria y no respaldar de manera decisiva la labor de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

La preocupación por esta política negacionista ya traspasó fronteras al punto de causar la expulsión del Centro Nacional de Memoria de Colombia, de la Red Internacional de Sitios de Conciencia, así como el pronunciamiento de 63 intelectuales del mundo quienes expresaron su "aprensión frente al regreso a explícitas formas de negacionismo de los millones de víctimas y del conflicto armado que se pretende superar". Así las cosas, es una noticia alentadora el reciente nombramiento de José Antequera Guzmán como director del Centro Distrital de Memoria Paz y Reconciliación, lo que implica a la vez el desafío de enfrentarse desde el escenario distrital a esta corriente negacionista.

Pero la verdad avanza

Esa verdad que se pretende ocultar es muy concreta: Se trata de la responsabilidad estatal y del conjunto del establecimiento en el conflicto armado colombiano y en la violencia sociopolítica, algo que se ha pretendido negar históricamente relativizando la actuación de agentes de la fuerza pública, dirigentes políticos y empresarios comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos. Una verdad que, a pesar del predominio de la impunidad, está consignada en sentencias nacionales e internacionales.

Parte de esa verdad también está siendo desenterrada en ríos y cementerios clandestinos a lo largo y ancho del país. Por eso, por solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP, decretó medidas cautelares para la protección de 16 sitios de enterramiento donde podrían estar cuerpos de personas desaparecidas. Como resultado de dichas medidas, desde diciembre del año anterior la JEP realizó una inspección y halló una fosa común en el municipio de Dabeiba, Antioquia donde estarían enterradas decenas de víctimas del conflicto armado y al menos 50 de jóvenes asesinados presentados como muertos en combate a cambio de beneficios, mal llamados “falsos positivos”.

Las otras verdades que empiezan a salir a flote están en las 215 versiones voluntarias que han rendido hasta hoy soldados y suboficiales que se acogieron a la justicia transicional en el marco del caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate -el nombre de los “falsos positivos” en la JEP- y que han confirmado la existencia de patrones como el uso de informantes, el patrullaje conjunto con paramilitares, la alteración de los cuerpos y escenas de los crímenes, la alteración de documentos oficiales relacionados con los combates y la construcción de una misma narrativa para encubrir los hechos, todo lo cual permite concluir que sí existió una política al interior del Ejército para presentar fraudulentos resultados exitosos en la guerra contra las guerrillas y que la orden fue inequívoca: “Litros de sangre”. Pero de dónde vino la orden ¿Quién dio la orden?

Esa es la pregunta que hemos pretendido instalar en el debate público nacional a partir del mural censurado a finales del año pasado. Un trabajo artístico que recoge la verdad de las víctimas, años de trabajo de documentación de las organizaciones de derechos humanos, investigaciones y decisiones judiciales. Esta censura, no obstante, causó el efecto contrario y logró masificar el mensaje sobre la responsabilidad que le compete a altos mandos militares en estos casos, quienes no han cesado su ofensiva jurídica (tutelas, derechos de petición) intentando sin éxito acallar la pregunta.

La buena noticia es que cada vez más personas están escuchando estas verdades y ya no toleran prácticas que parecen traer de regreso los peores años de los mandatos del expresidente Uribe. Tanto es así que el comandante general del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel fue relevado de su mando alegando razones personales, en medio de escándalos como las directrices similares a las de la peor época de los “falsos positivos”, el bombardeo de un campamento guerrillero con presencia de menores de edad y el nuevo episodio de inteligencia ilegal desde el Ejército.

Todos son síntomas de una disputa que se agudiza entre el país movilizado y el gobierno que pretende gobernar otro que ya no existe. Crece el descontento por la desigualdad, la corrupción de las élites en el poder y la destrucción de la naturaleza, pero también la condena social a prácticas de terrorismo de Estado y persecución política. La exigencia social actual es la paz, que pasa por el cumplimiento de los Acuerdos, la búsqueda de salidas humanitarias con los grupos armados, la protección a líderes sociales defensoras y defensores de derechos humanos, la justicia social, la verdad y la memoria histórica, todas garantías de no repetición.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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