El atentado contra un líder Wiwa es un atentado contra todo el pueblo Wiwa

Jueves 16 de mayo de 2013, por Organización Wiwa

Alrededor de las 8:25 p.m. una camioneta Toyota Fortuna de Color Blanco se detuvo al frente de la residencia y reparaba hacia la casa y luego a las 08:47 del 11 de mayo de 2013, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta arrojaron una granada de fragmentación contra la vivienda del reconocido líder Wiwa Pedro Manuel Loperena situada en la urbanización “Don Carmelo” de Valledupar (Cesar).

Cesar | Víctimas de Crímenes de Estado_ |

Pese a que en ese momento además de él se hallaban al interior de la residencia sus dos hijas de siete y diez años y los dos hijos adolescentes de dieciocho y diecinueve de su esposa Elvia Graciela Cuadro Pizarro, Defensora Comunitaria para los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y la Serranía del Perijá (SP) de la Defensoría del Pueblo, la fuerte onda explosiva afortunadamente no dejó víctimas fatales ni heridas, pero sí daños importantes en el inmueble que según estimativos preliminares puedan ascender a los siete millones de pesos.

Pedro Manuel Loperena, sobreviviente de la masacre de la comunidad de El Limón (Riohacha) perpetrada en septiembre de 2002 por fuerzas combinadas del Bloque Norte de las AUC (BN-AUC) y el Ejército nacional, se desempeña desde 2006 como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) desde donde ha venido, entre otros asuntos, denunciando insistentemente las once ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 15 de febrero de 2005 y el 3 de agosto de 2006; movilizándose activamente en contra de los megaproyectos turísticos, mineros, energéticos, portuarios, agroindustriales, etcétera que progresivamente se están instalando en la SNSM y que amenazan seriamente con erosionar la territorialidad del pueblo Wiwa poniendo en serio riesgo su pervivencia; representando a su pueblo en el complejo, extenuante y asimétrico proceso de diálogo y concertación con el Gobierno nacional a propósito de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 4 de febrero de 2005 al pueblo Wiwa; y participando activamente en representación de los pueblos indígenas en el Comité Departamental de Justicia Transicional del Cesar.

Adicionalmente Pedro Manuel Loperena recientemente ha venido manifestando reiteradamente en distintos escenarios la preocupación que le asiste al pueblo Wiwa por la presencia, sobre todo en las partes bajas de su territorio, de grupos armados ilegales postdesmovilización (GAI), que no dejan de generar alarma y zozobra en las distintas comunidades.

El alevoso y cobarde atentado del que fuera objeto Pedro Manuel Loperena se escenifica en un momento clave en el que las empresas transnacionales que tienen intereses económicos en los territorios indígenas de la SNSM ponen a prueba las bien montadas estrategias encaminadas a inventar y configurar divisiones intestinas y a conseguir que algunos líderes y dignatarios, afortunadamente apenas un puñado, terminen fagocitados totalmente por las prebendas, canonjías y beneficios que en este contexto les han ido otorgando.

Ahora que, de conformidad con sus usos y costumbres y surtiendo todos los procedimientos y protocolos tradicionales, el pueblo Wiwa materializa, en Asamblea General celebrada entre el 1 y el 7 de febrero de 2013 en la comunidad de Atshíntujkua (San Juan del Cesar), su deseo soberano y autónomo de hacer un recambio de sus dignatarios entre ellos el Cabildo-Gobernador y posteriormente conocerse que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior (Mininterior) se ha venido oponiendo al registro formal de estas nuevas autoridades, contraviniendo así abiertamente el verdadero sentir y voluntad del conjunto del pueblo Wiwa, queda en evidencia que este actuar y proceder termina haciéndole eco a las pretensiones de las empresas responsables de los megaproyectos en la SNSM de cooptar y mantener liderazgos sumisos y subordinados y construir facciones disidentes más proclives a sus intereses.

Sobre el particular es bastante ilustrativa la afirmación realizada el 4 de mayo de 2013 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, D.C., por quien está al frente de la DAIRM del Mininterior a propósito de la reflexión que le planteara Pedro Manuel Loperena en el sentido que se debería respetar y acatar la decisión tomada por el pueblo Wiwa sin más dilaciones, a lo cual el funcionario espetó palabras más palabras menos lo siguiente: “pongan la pelea como quieran, si la quieren jurídica o de otra manera que yo tengo con que responder”.

En mérito de lo anteriormente descrito, las autoridades y dignatarios del pueblo Wiwa elegidas a principios de febrero de 2013 solicitan lo siguiente:

1. Que la Unidad Nacional de Protección (UNP) adelante, en el inmediato plazo posible, los estudios de riesgo a que haya lugar dirigidos a salvaguardar la vida e integridad personal de Pedro Manuel Loperena, su familia así como a otros dignatarios que se encuentran en riesgo.

2. Que la UNP y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio del Interior facilite todos los recursos técnicos, operativos y logísticos para que, con la adecuada participación del pueblo Wiwa, se definan y cristalicen protocolos y dispositivos colectivos de protección, habida cuenta que los esquemas de protección actualmente en uso no son ni pertinentes ni adecuados para el contexto en que trabajan y viven las autoridades y dignatarios del pueblo Wiwa.

3. Que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en un escenario de interculturalidad y de diálogo de saberes, brinde oportunamente atención psicosocial a Pedro Manuel Loperena y a toda su familia, especialmente a las niñas, jóvenes y adolescentes que han quedado especialmente traumatizadas con este hecho violento.

4. Que las autoridades concernidas y competentes en las labores de investigación informen detalladamente a las autoridades y dignatarios del pueblo Wiwa sobre el avance de las respectivas investigaciones tendientes a esclarecer los hechos e identificar a los autores materiales del atentado.

5. Que las respectivas administraciones municipales de Valledupar (Cesar), San Juan del Cesar y Riohacha (La Guajira) al igual que las administraciones departamentales del Cesar y La Guajira convoquen lo antes posible a los respectivos subcomités de prevención y protección de los Comités Territoriales de Justicia Transicional para analizar los riesgos que se han configurado entorno a los nuevos dignatarios y autoridades del pueblo Wiwa.

6. Que la DAIRM, en la perspectiva de no continuar manteniendo una atmósfera enrarecida entorno al proceso legítimo de recambio de los dignatarios y autoridades del pueblo Wiwa, proceda en el inmediato plazo posible a respetar y acatar esta decisión soberana y autónoma, sin más interferencias.

Territorio Wiwa, Sierra Nevada de Santa Marta, 12 de mayo de 2013

OWYBT
ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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