Durante 29 años se le ha negado justicia a las víctimas de la Masacre de La Rochela

Jueves 18 de enero de 2018

El 18 de enero de 1989, en el corregimiento de la Rochela municipio de Simacota (Santander), un grupo de aproximadamente 40 paramilitares atacaron una comisión judicial de 15 funcionarios que investigaban una serie de masacres y asesinatos ocurridos en el Magdalena Medio, como la desaparición forzada de 19 comerciantes en Puerto Boyacá. Solo tres funcionarios sobrevivieron al ataque.

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Por estos hechos, el 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por la violación a la vida, integridad y libertad personales de Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte, Samuel Vargas Páez, Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Nava.

Desde la ocurrencia de estos crímenes atroces, las víctimas y sus representantes han acudido a diferentes instancias en búsqueda de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, la justicia continúa inoperante frente a los autores materiales e intelectuales de este grave atentado contra funcionarios de la rama judicial del país.

En 2005, los paramilitares Ramón Isaza, Ramiro Vanoy e Iván Roberto Duque fueron vinculados a la Ley de Justicia y Paz, por lo que se suspendieron todas las investigaciones que adelantaba la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en su contra, y en 2015, obtuvieron su libertad por cumplimiento del máximo de la pena establecida en dicha Ley sin que aportaran de manera alguna a la materialización del derecho a la verdad de las víctimas de la masacre de La Rochela.

En lo que se refiere a la determinación de responsabilidad de agentes estatales en la comisión de los hechos, no existe avance alguno en las investigaciones que se adelantan en contra de los generales Alfonso Vacca Perilla y Juan Salcedo Lora y, a la fecha, no se ha dictado ninguna medida de aseguramiento en su contra, a pesar de las declaraciones del paramilitar Alonso de Jesús Baquero alias “Vladimir” y de que fueron llamados a indagatoria desde 2009. Mientras que la investigación en contra del general Farouk Yanine Díaz terminó por la muerte del procesado en agosto del mismo año 2009.

De acuerdo a las declaraciones de Baquero, los generales Yanine Díaz, Salcedo Lora, Vacca Perilla y Gil Dorado contribuyeron activamente a la conformación y consolidación del proyecto paramilitar en el Magdalena Medio.

Por otra parte, desde agosto de 2017 se espera la resolución de acusación por parte la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación en contra del ex senador Tiberio Villareal Ramos, quien ha sido señalado como autor intelectual y auspiciador de la Masacre de la Rochela, así como de participar activamente en actividades paramilitares en la región del Magdalena Medio.

La inoperancia de la Fiscalía a lo largo de todos estos años ha sido evidente en el caso de la responsabilidad de este dirigente político así como de los otros responsables, además de no haber investigado las amenazas y hostigamientos contra las víctimas que llevaron a la Corte Interamericana a ordenar medidas provisionales de protección.

En materia de reparación integral, subsisten los incumplimientos por parte del Estado colombiano respecto de diferentes medidas ordenadas por la Corte Interamericana como el acceso a la salud y la protección efectiva. Así, por ejemplo, los familiares de las víctimas, quienes han sido amenazados por su labor de búsqueda de verdad y justicia, han enfrentado diversos obstáculos para mantener sus condiciones de seguridad, e incluso se han visto forzados a interponer un incidente de desacato por el levantamiento de sus esquemas de seguridad, a pesar de no existir resultados de las investigaciones por las amenazas recibidas.

En el contexto de la construcción de paz, y con motivo de la conmemoración de los 29 años de la Masacre de La Rochela, las víctimas esperan que no se dilaten más los procesos, que se vean materializados los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el marco del derecho a un recurso judicial efectivo y sencillo. Además, esperan que se vincule formalmente a la investigación a todos los autores tanto materiales como intelectuales de la masacre y a los financiadores del grupo paramilitar en la zona del Magdalena Medio.

Por ello, las víctimas y sus representantes exigimos a las autoridades Estatales cumplir cabalmente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. El Estado Colombiano tiene la obligación de saldar esta deuda histórica con las víctimas de la Masacre de La Rochela y por tanto debe esclarecer de manera integral las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como los autores y partícipes de la misma.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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