Detener los ataques a líderes y cumplir lo pactado: El mandato popular a un año de gobierno sin rumbo
XVI SOS Por la paz, por la vida y las garantías de no repetición

Martes 6 de agosto de 2019, por Prensa - Colectivo

Desde el 7 de agosto de 2018 -día del inicio del nuevo gobierno- hasta hoy hemos recibido un total de 525 denuncias, mientras que entre el 7 de agosto de 2017 y el 7 de agosto de 2018, es decir el año inmediatamente anterior, recibimos 421. Por otra parte, las denuncias de asesinatos de líderes y lideresas sociales fueron 143 durante el primer año de gobierno, 5 más que en el último año del gobierno anterior.

Paz y Derechos Humanos |

El primer año del gobierno Duque se cumple en medio de balances negativos sobre su desempeño. A pesar de los esfuerzos de algún sector de la prensa del establecimiento, el consenso gira en torno a una gestión ineficaz, con una aprobación de apenas el 37% según la encuestadora Invamer, una ejecución que parece no tener rumbo y con grandes déficits en materia económica y social, pero también en derechos humanos y cumplimiento de los Acuerdos de Paz, asuntos centrales tanto para las regiones como en materia de política exterior.

Uno de los cuestionamientos más graves en materia de derechos humanos ha sido el riesgo de regresar a la práctica de los mala llamados "falsos positivos". Esto por cuenta de las revelaciones del periódico estadounidense The New York Times, con base en documentos y testimonios de militares activos sobre directrices del comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel, exigiendo resultados operacionales en números de muertes y capturas, así como instrucciones a la tropa de, incluso, aliarse con grupos ilegales para lograr dichos resultados.

Ante la gravedad de las denuncias, las posiciones del gobierno han sido dubitativas. Inicialmente se negó la existencia de dichas directrices, luego fueron reconocidas por altos mandos del Ejército y presentadas como legítimas, para, finalmente, ser retiradas debido a la presión que ejercieron distintos sectores de la sociedad colombiana.

Posteriormente, la revista Semana -que recibió fuertes críticas por no haber hecho las revelaciones que hizo The New York Times a pesar de contar con la misma información- denunció otro escándalo de corrupción titulado Las ovejas negras del Ejército por el cual fueron llamados a calificar servicios cuatro altos mandos militares, incluyendo al segundo comandante de la Institución el General Adelmo Fajardo. Sorprendentemente, el escándalo no tocó al General Nicacio Martínez, a pesar de haber tenido conocimiento de los hechos, como consta en la investigación presentada.

Según las denuncias de Semana, uno de los militares destituidos, el general Jorge Horacio Romero, le vendía armamento a la oficina de Envigado, estructura narcotraficante y paramilitar. Esto en medio de múltiples informes que señalan al paramilitarismo al servicio de intereses económicos legales e ilegales como principal victimario de liderazgo social.

Por estas y otras razones que expondremos, el presente SOS por la Paz, la Vida y las Garantías de No Repetición, insistimos en señalar la responsabilidad estatal por la reactivación de la guerra en los territorios con graves consecuencias humanitarias, económicas y sociales.

También por la insistencia del gobierno Duque con soluciones de corte militarista y con revivir las aspersiones con glifosato, ya prohibidas por la Corte Constitucional, regresando a la fórmula de una guerra química ineficaz frente al narcotráfico y que sigue dejando a las comunidades que derivan su sustento de la Coca en medio del fuego cruzado de sus intereses criminales.

Como consecuencia de lo anterior y contrario al balance que se ha querido presentar desde el Gobierno, y con base en las denuncias que recibimos periódicamente, es evidente la tendencia ascendente de los hechos que constituyen violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como de los asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos durante el primer año del gobierno de Iván Duque.

Desde el 7 de agosto de 2018 hemos recibido un total de 525 denuncias, mientras que entre el 7 de agosto de 2017 y el 7 de agosto de 2018, es decir el año inmediatamente anterior, recibimos 421, un incremento del 20%. Por otra parte, las denuncias de asesinatos de líderes y lideresas sociales fueron 140 durante el primer año de gobierno, una tendencia constante en relación con el año anterior.

En esta entrega analizamos el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2019, en el cual hemos registrado 117 hechos victimizantes, 6 menos que en el período anterior comprendido entre el 30 de enero y el 30 de abril de 2019.

Ver anexo hechos

Por tipos de violaciones de derechos humanos, recibimos 50 denuncias de homicidios con 56 víctimas, 24 amenazas con al menos 59 víctimas, 15 denuncias de hostigamiento en donde hubo al menos 7 víctimas, 8 por abusos de la fuerza pública con 13 víctimas, 7 atentados con al menos 14 víctimas, 6 denuncias por presencia paramilitar y 7 denuncias entre hechos de tortura, desplazamiento, secuestro, obstrucción al acceso a la justicia, entre otros.

Por departamentos, el mayor número de denuncias provinieron del Cauca, con 29 casos, Chocó con 15, Valle del Cauca con 9 casos y Córdoba con 9 casos. De Bogotá, recibimos 9 denuncias en el periodo.

Defensoras/es y excombatientes: los blancos de la guerra en el Suroccidente

El Cauca, en el Suroccidente colombiano fue el departamento con más casos de violaciones a los derechos humanos reportadas en el periodo. Entre mayo y julio del presente año, recibimos un total de 12 denuncias por homicidio, 1 atentado, 8 amenazas, 4 hechos de hostigamiento, 1 denuncia por presencia paramilitar, 3 denuncias por abusos de la fuerza pública, 1 secuestro y 1 caso de obstrucción al acceso a la justicia.

Por otra parte, en el Valle del Cauca registramos 9 denuncias en el periodo, 5 de ellas de asesinatos, 2 amenazas, 1 atentado y 1 hecho de hostigamiento con al menos 9 víctimas; En Nariño, a su vez, registramos 7 denuncias de asesinatos; en Putumayo 2, 1 amenaza y 1 infracción al DIH por parte del Ejército Nacional, en donde al menos hubo 1 víctima.

El mes de mayo se inició en la región con la terrible noticia del atentado contra dirigentes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca -ACONC que preparaban su encuentro con el gobierno nacional en el marco de la Minga por la vida, cuando fueron atacados con un artefacto explosivo. Entre ellas y ellos se encontraba la ganadora del premio Goldman de defensa ambiental Francia Márquez, junto con Clemencia Carabali, Sofía Garzón, Carlos Rosero y Victor Hugo Moreno y otros 10 líderes y lideresas, lo que convirtió el hecho en alerta a la comunidad internacional sobre la situación de las y los líderes en Colombia. Días después del atentado empezaron a llegar mensajes a los celulares de las víctimas con mensajes intimidatorios y amenazas de muerte directas.

En relación con los asesinatos, 4 de los 12 homicidios reportados en la región se cometieron contra excombatientes, en medio de hechos donde además de quitarle la vida a la persona en proceso de reincorporación también dejaron heridas a las personas que les acompañaban. Así ocurrió en el caso del asesinato de Weimar Galindez y Erick Narváez quienes se encontraban en un bazar comunitario en El Tambo, donde el primero murió de inmediato y el segundo de camino hacia el hospital por la gravedad de las heridas; o con el asesinato de Luis Carlos Yunda Pantoja quien se desplazaba junto con su hermano por el sector La Vuelta de la Chica en la vereda El Jagual, Corinto, en donde el primero murió en el mismo sitio y el segundo quedo gravemente herido.

El asesinato de Anderson Pérez Osorio fue quizá el causó mayor revuelo a nivel regional y nacional debido a que en su proceso de reincorporación se había a dedicado a cultivar su interés en la comunicación, lo que lo llevó a participar en medios alternativos y en la realización de una película que contaría la vida en medio de la guerra. Como sucedió con sus otros excompañeros, Anderson se encontraba compartiendo con otras personas en un centro recreacional en El Palo, Caloto cuando fue abordado por desconocidos quienes le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte de manera instantánea.

También causaron gran rechazo los asesinatos de Jorge Enrique Corredor González "Alias Wilson Saavedra", uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de La Habana y excombatiente de las FARC en Tuluá, Valle del Cauca, y el asesinato de Paula Rosero Ordoñez, Personera de Samaniego, Nariño, ambos a manos de desconocidos y sin amenazas previas a los lamentables hechos.

Así mismo, por medio de panfletos, miembros de las autodenominadas Disidencias de las Farc, frente primero, amenazaron de muerte a miembros de la Guardia Indígena, en el Resguardo Huellas en el municipio de Caloto. Pero también miembros del Ejército Nacional amenazaron directamente de muerte a integrantes de la Guardia Indígena en inmediaciones del Resguardo de López Adentro, a raíz de que las autoridades indígenas capturaron aun miembro de las Farc para entregarlo a las autoridades, a lo que miembros de la fuerza pública reaccionaron apuntado con sus armas en contra de la Guardia, exigiendo que el detenido fuera entregado.

Esta ola de violencia contra procesos comunitarios y excombatientes en la región se sucedió a la denuncia recibida desde la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes el 7 de mayo pasado sobre la presencia de 40 hombres en camuflados y con armas largas que se autodenominan miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en el municipio de Cajibío, los cuales, patrullaron fincas e instalaron retenes en varias zonas.

Chocó no ha visto la paz y el paramilitarismo sigue ahí

Chocó continúa siendo escenario de una grave crisis humanitaria ocasionada en parte por la suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, la presencia de grupos paramilitares y de las llamadas disidencias. Los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, en jurisdicción del municipio de El Carmen del Darién, Chocó, fueron los más afectados por los grupos armados ilegales con 9 de las 15 denuncias del periodo, en hechos que en su mayoría señalan como responsables a los paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas.

Así, 5 de 15 denuncias fueron por la presencia paramilitar de estas estructuras en la zona, 4 situaciones de hostigamiento en donde paramilitares hicieron retenes, persecuciones y amenazas indirectas con la población y contra personas en particular, 1 infracción al DIH consistente en reclutamiento de jóvenes a cambio de dinero, y 2 amenaza de muerte directa en contra de población indígena.

Varias de las denuncias fueron documentadas por la Comisión Intereclesial Justicia y Paz, que a la vez también sigue siendo víctima de persecución y hostigamiento dentro de su trabajo territorial. En Belén de Bajirá, Curvaradó, integrantes de esta organización defensora de derechos humanos fueron informados por su esquema de seguridad de que estaban siendo seguidos por personas sospechosas y presuntamente armadas.

Otro hecho de suma gravedad en la zona fue la incursión armada de miembros de los paramilitares del Clan del Golfo, que entraron disparando al predio de Ilario Domicó en donde se encontraban varios indígenas Emberá trabajando. Aunque la mayoría alcanzaron a huir, el señor Bernardo Zapia resultó herido y únicamente fui auxiliado por su hijo, ya que los paramilitares restringieron su desplazamiento señalándolo de pertenecer al ELN. Finalmente, los agresores reconocieron que no era a quien estaban buscando y lo dejaron ir.

Las comunidades han tenido que convivir con la presencia de paramilitares y los intentos de imposición de su autoridad, al mismo tiempo que han visto como la fuerza pública es indiferente a lo que ocurre en dichas situaciones. El vacío de autoridad estatal y el constante estado de alerta de las comunidades ante los grupos armados ilegales hace la vida en el departamento sea dominada por la zozobra.

San José de Uré: atrapado por la guerra

El municipio de San José de Uré es hoy escenario de una disputa entre grupos paramilitares e intereses económicos ilegales. De este municipio provienen 5 de las 9 denuncias recibidas del departamento de Córdoba en el presente periodo. Otras 3 denuncias provienen de Tierralta y 1 más del municipio de Montelíbano.
En estos municipios se vive una constante zozobra por la presencia de paramilitares del Clan del Golfo, pero también de los Caparrapos o Caparros, cuyo creador y comandante Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, llegó recientemente al país después de ser extraditado a EU por narcotráfico.

Por tipo de violación a los derechos humanos en el departamento de Córdoba, en el periodo hubo 5 denuncias de homicidio, 2 amenazas, 1 infracciones al DIH y 1 desplazamiento forzado.

Dentro de su estrategia de control territorial, en el corregimiento de Versalles en San José de Uré, el grupo paramilitar Clan del Golfo instaló varios artefactos explosivos parecidos a las minas antipersonal cerca a los estanques de peces que toda la comunidad frecuenta constantemente. Como consecuencia 12 familias de la comunidad del corregimiento de San Jorge, San José de Uré, fueron desplazadas forzosamente, no solo por la posibilidad de que más artefactos explosivos estuvieran instalados en su territorio, sino el riesgo constante que les representa vivir en medio del fuego cruzado entre distintos actores armados.

Otro de los hechos ocurridos en San José de Uré que sacudió a su comunidad y estremeció el país fue el asesinato de Manuel Osuna Tapias, un campesino de 67 años quien fue miembro de la Asociación de Campesinos del Sur del Córdoba, el cual fue encontrado degollado cerca a su casa que ardía en llamas a manos del grupo paramilitar Los Caparros.

Pero sin duda fue el asesinato de María del Pilar Hurtado en Terralta, Córdoba, el hecho que estremeció al país cuando un corto vídeo sobre este crimen se hizo viral en las redes sociales. En él se observa a el cuerpo de María del Pilar en el suelo mientras su hijo pequeño llora y grita desconsolado. Estas imágenes desataron la indignación nacional y terminaron convocando al a multitudinaria manifestación global en contra de los asesinatos contra líderes sociales en Colombia.

El hecho ocurrió a plena luz del día en las horas de la mañana y a manos de sicarios del llamado Clan del Golfo, afirmación que se hace ante la amenaza indirecta de la que fue víctima en unos de los panfletos que circulan en el departamento. María del Pilar había ejercido su papel de lideresa social en dos momentos, primero en el Cauca en donde denunció lugares de desaparición forzada conocidos popularmente como “casas de pique”, según registró la Fundación de Víctimas Adelante con la Fortaleza -Funviavor, y luego como como reclamante de tierras de un predio hoy a nombre de Fabio Otero Avilez, padre del destituido alcalde de Tierralta y terrateniente de esta región en donde ella misma construyó un refugió y brindó el acompañamiento a familias que requerían de una vivienda.

Líderes y lideresas, excombatientes y comunidades indígenas en la mira de los violentos

A nivel nacional, 79 de los 117 hechos victimizantes fueron ataques contra los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales como María del Pilar. 36 de ellos fueron homicidios que cobraron la vida de 43 defensoras y defensores -1 cada dos días- 4 atentados con 4 víctimas, 19 amenazas, 12 situaciones de hostigamiento, 4 abusos de la fuerza pública, 1 secuestro y 1 denuncia por obstrucción al acceso a la justicia.

14 de 79 hechos victimizantes fueron contra integrantes de las Juntas de Acción Comunal, 8 de ellos asesinados, 4 hechos de hostigamiento, 1 víctima de un atentando, 1 de amenazas y 1 situaciones de abusos de la fuerza pública con al menos 19 víctimas.

Así mismo otra lamentable situación que se repite es la de los ataques a los excombatientes de las FARC, en donde se presentaron en el periodo 7 asesinatos en donde hubo al menos 9 víctimas, ya que como se mencionó, en varios de los ataques familiares y acompañantes también resultaron gravemente heridos.

Lo anterior ha escalado a tal punto que los dirigentes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han denunciado ante instancias nacionales e internacionales la existencia de planes que tienen como objetivo acabar con las vidas de los dirigentes de este partido.

Además, se dieron varios ataques en contra de personas destacadas en sus comunidades por su activismo pro-paz que ejercieron su liderazgo por medio canales como la comunicación y la academia, como es el caso del realizador audiovisual y gestor cultural Mauricio Lezama, del antropólogo e investigador cultural Luis Manuel Salamanca Galíndez, del profesor jubilado Carlos Enrique Serrano Castaño y del periodista comunitario Libardo Montenegro, todos asesinados por desconocidos.

¿Quiénes son los responsables?

En 70 de los 117 hechos el autor es desconocido, en donde se presentaron 39 homicidios, 7 atentados, 13 amenazas, 9 situaciones de hostigamiento, 1 denuncia por presencia paramilitar, 1 denuncia por secuestro, en donde al menos hubo 112 víctimas individuales y colectivas.

En otros 28 hechos los autores fueron grupos paramilitares, en donde deben ser mencionados para este período: Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Unidas de Colombia, Caparrapos o Caparros – Bloque Virgilio Peral Arenas, Clan del Golfo. Juntos fueron autores de 6 homicidios, 10 amenazas, 4 hechos de hostigamiento, 5 denuncias por presencia paramilitar y 2 infracciones al DIH, en donde dejaron al menos 19 víctimas individuales y colectivas. Las autodenominadas disidencias de las FARC fueron responsables de 2 hechos en Cauca y el ELN de uno en Casanare.

En otros 16 hechos los autores fueron miembros de la fuerza pública, en donde para este período deben ser mencionados: Ejército Nacional, SIJIN, CTI, Policía Nacional, ESMAD, EMCAR e INPEC. Así, fueron denunciados por 2 homicidios, 1 hechos de hostigamiento, 8 abusos de la fuerza pública, 1 infracción al DIH, 1 situación de obstrucción al acceso a la justicia y 1 un caso de tortura.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue el intento de allanamiento ilegal por miembros del Ejército Nacional, los cuales llevaban sus rostros tapados y portaban el uniforme sin la solapa que indica sus apellidos, el cual se dio en Remedios, Antioquia.

También el ESMAD, EMCAR, Ejército Nacional y civiles fueron señalados como responsables de la muerte de Jeferson Trochez Escue, defensor de DDHH y miembro de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto – Astrazonacal, ya que mientras que entraban a un predio ocupado por comunidades indígenas ubicado en Caloto, Cauca, iban disparando armas de fuego y no convencionales afectado a los indígenas que allí se encontraban, dejando gravemente herido a la víctima, y, ante la solicitud de ingresar facilitadores de DDHH y personal médico se negaron, de tal forma que murió por su flagrante negligencia.

De la misma manera, el Ejército Nacional y la Policía Nacional participaron de una situación de abuso de la fuerza pública, en donde según la denuncia capturaron a Kelly Johana García, Fredy García Barragán, Eliodoro Virgues Angarita, Amin Cure Aguilar, Yohan Reyes, Alirio García Cuevas, Jainer Quintero y Esneider Trujillo Serna, Jaime David Colorado Roqueme, en Morales, Sur de Bolívar, todos y todas miembros de la Asociación de productores de Micoahumado -Asopromic, por los delitos de rebelión, extorsión y concierto para delinquir agravado, lo que según denunció la comunidad fue un montaje judicial.

Esta ola de violencia en los territorios ha sido respondida con la fuerte caída en la popularidad del gobierno y de su partido, y la proliferación de que iniciativas pro-paz que no necesariamente han sido orientadas por liderazgos políticos tradicionales, sino que ha tenido una alta participación ciudadana tanto en el mundo urbano como rural, lo que permite entrever cambios en la correlación de fuerzas de los poderes regionales y locales apropósito de las elecciones de octubre en Colombia.

La paz y el derecho a defender los derechos humanos: el mandato popular

El respaldo a la implementación y sus mecanismos ha sido inversamente proporcional a la perdida de legitimidad en sus intentos por sabotear los avances del Acuerdo de paz. Declaraciones como las del Secretario General y Consejo de Seguridad de la ONU en donde respaldan irrestrictamente el Acuerdo han dejado claro que su implementación debe ser una prioridad estatal.

No obstante, el presidente Duque insiste en hacer oídos sordos y ha seguido insistiendo en caminos para minar el funcionamiento de los mecanismos del Sistema Integral, como es el caso de la reducción del 30% del presupuesto de la JEP y decisiones similares frente a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, lo que necesariamente implicará dificultades logísticas y administrativas para el desarrollo de sus importantes tareas en la construcción de paz.

Pero quizás el mayor obstáculo sigue siendo la falta de voluntad política del gobierno y los constantes ataques infundados a los Acuerdos de Paz desde la bancada del Centro Democrático que prepara un nuevo paquete con iniciativas anti Acuerdo de Paz como revivir las objeciones presidenciales que ya desgastaron el primer periodo legislativo.

En ese contexto adverso, los primeros atisbos de verdad han empezado a salir a la luz pública a través de las versiones voluntarias rendidas por soldados y suboficiales ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, lo que ha permitido comprender la importancia de esta jurisdicción para la verdad histórica y la no repetición.

Para llamar la atención sobre esa verdad histórica, organizaciones sociales hemos lanzado la Campaña por la Verdad, que busca hacer seguimiento a la comparecencia de militares ante la JEP, así como hacer visibles ante la opinión pública los informes presentados por las mismas organizaciones a la Jurisdicción de Paz, promover la participación de las víctimas y el acceso a los archivos de inteligencia, como una manera de aportar al debate público sobre la responsabilidad estatal en graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado y la violencia sociopolítica y en busca de garantías de no repetición.

Mientras el país se debate entre el pasado y el futuro, entre la guerra y la paz, el presidente Duque ha realizado durante su mandato 18 viajes al exterior, sin una agenda clara en materia de implementación, vendiendo un falso discurso de avance que se centra en la fracasada fórmula de guerra contra las drogas, contraria a lo pactado en el Teatro Colón, y que tampoco asume las dimensiones de la violencia pos acuerdo en varias regiones del país ni la grave situación de líderes y lideresas sociales, excombatientes y comunidades.

Pero también a nivel internacional la realidad lo ha alcanzado. En el viaje realizado al Reino Unido, entre el 16 y el 19 de junio, el mandatario fue recibido en Londres, con fuertes manifestaciones que le exigían asumir la responsabilidad que le corresponde para frenar los asesinatos de las defensoras y defensores de derechos humanos y de los excombatientes. Luego, recibió duras críticas durante un debate en el Parlamento Británico sobre la implementación del Acuerdo de Paz, cuando la parlamentaria Joe Stevens cuestionó los avances presentados por Duque quien le increpó por el asesinato de líderes sociales y de al menos 130 ex combatientes que está dejando la implementación en un momento “frágil”.

Y no solo en el exterior Duque sigue escuchando fuerte y claro que la guerra y la muerte ya no pueden seguir siendo el pan de cada día en Colombia. La multitudinaria protesta global en rechazo a los ataques a líderes y lideresas, convocada desde la iniciativa Defendamos la paz, #26DeJulioElGrito, así como los abucheos ante su participación en la misma por invitación de algunos dirigentes políticos, dejó un mensaje muy claro: Detener los ataques contra quienes defienden derechos humanos en Colombia y cumplir lo pactado es obligación del Estado y debe ser su prioridad gubernamental.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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