Detener el genocidio contra defensoras y defensores, y salvar el Acuerdo de Paz
VI SOS por la paz, por la vida y las garantías de no repetición

Miércoles 31 de mayo de 2017, por Prensa - Colectivo

Hoy vemos con preocupación que persisten los obstáculos que enfrenta la efectiva implementación de los Acuerdos, entre los que se cuentan la decisión de la Corte Constitucional, los ataques contra líderes/sas sociales y contra el proceso de reincorporación de las Farc y la persistencia del paramilitarismo (Foto: Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Vídeo de la presencia paramilitar en la zona, grabado el 17 de abril de 2017)

Paz y Derechos Humanos |

En el contexto de implementación de los Acuerdos de Paz, presentamos nuestro “VI SOS por la vida, la paz y las garantías de no repetición”. Hoy vemos con preocupación que persisten los obstáculos que enfrenta la efectiva implementación de los Acuerdos, entre los que se cuentan las crecientes amenazas y ataques contra el proceso de reincorporación de las Farc a través del asesinato de guerrilleros o de sus familiares, las fuertes campañas de desinformación promovidas por los enemigos del acuerdo, y la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de aprobación legislativa vía rápida (fast track) que podría frenar el proceso de implementación de los Acuerdos en el Congreso de la República.

Es indudable que los ataques contra líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, revelan la existencia de un plan con objetivos muy precisos, que ejecutan estructuras que usan denominaciones comunes en distintas regiones y que mantiene un discurso explícito y una práctica adversa al proceso de paz, a las ideologías de izquierda y a la defensa de derechos humanos en Colombia. Un plan que desde el Estado se desvirtúa y se descarta dentro de las líneas de investigación del fenómeno que, desde la firma del primer Acuerdo de Paz, el 26 de septiembre de 2016 ha cobrado la vida de 64 defensoras y defensores de derechos humanos, en promedio uno cada cuatro o cinco días, según las denuncias que hemos recopilado y que hemos divulgado a través de nuestros SOS.

Desde el 17 de marzo hasta el 28 de mayo de 2017, periodo que abarca el presente SOS, hemos recibido denuncias de 12 asesinatos y una desaparición forzada contra líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, tres de ellos en el departamento del Cauca, 2 en Antioquia, uno en Chocó, uno en el Meta, uno en Putumayo, uno en el Sur de Bolívar y dos en Nariño. Tres de los asesinados eran líderes indígenas, dos eran líderes afrodescendientes, tres más dirigentes comunales, entre ellos una mujer, y un líder campesino. En el caso del líder asesinado en el oriente antioqueño, la comunidad señaló directamente a integrantes del Ejército como autores materiales del hecho. La desaparición forzada se presentó contra un líder de una junta de acción comunal en Tumaco.

En el periodo señalado también tuvieron lugar 19 amenazas individuales y colectivas y dos atentados cuyos principales objetivos han sido integrantes de Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, Fensuagro – CUT, en sus distintas expresiones regionales, así como miembros de las zonas de reserva campesina y de organizaciones pro constitución de estas zonas. Las amenazas por medio de panfletos son suscritas por organizaciones que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Urabeños, Águilas Negras, y otras, así como amenazas directas de personas sin identificar.

También se presentaron hechos de hostigamientos, intimidaciones y un preocupante robo de información a la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, que documenta de manera permanente la situación en esta región del país.

La presencia paramilitar sigue siendo una realidad cotidiana en varias zonas del país. 13 denuncias recibidas, constatan este hecho en Urabá, en particular en los alrededores de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Buenaventura donde amenazan constantemente los espacios humanitarios creados por las comunidades con acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, y en el Chocó, donde persiste una grave tragedia humanitaria derivada del conflicto armado que se libra entre el ELN y estos grupos paramilitares.

No se trata de expresiones residuales ni de organizaciones criminales desarticuladas como lo manifestaron el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República en el debate de control político citado por las comisiones segundas del Congreso de la República el pasado 16 de mayo. Los hechos aquí reseñados señalan la persistencia del paramilitarismo con todos sus componentes. Ese mismo que hoy adelanta un macabro plan pistola contra integrantes de la Policía que están enfrentando estas estructuras en Antioquia y Córdoba.

El carácter ilegal de las economías a las que están asociadas estas estructuras no se contradice en forma alguna con su objetivo expresado de diversas formas de exterminar las expresiones políticas que promueven el Acuerdo de Paz, a las que consideran de izquierda o afines al comunismo. También son innegables los vínculos que mantienen estas estructuras con integrantes de la Fuerza Pública en regiones como Urabá, Buenaventura y Chocó, documentadas aquí por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Esa doctrina contrainsurgente (que entiende el respaldo al proceso de paz y la defensa de los derechos humanos en su integralidad como prácticas insurgentes) no se limita a las estructuras paramilitares sino que se expresa en el tratamiento militar y los abusos por parte de la Fuerza Pública a la protesta social, sindical y ciudadana, pro ejemplo en el Paro Cívico de Buenaventura, o en los seguimientos y detenciones arbitrarias como las que han padecido integrantes del Congreso de los Pueblos en el Sur de Bolívar y campesinos de Ituango, integrantes de Marcha Patriótica.

El 15 de marzo de 2016, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, en conjunto con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, lanzamos nuestro primer SOS por la vida, por la paz y las garantías de no repetición, ante la ola de crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos, activistas por la paz y líderes de organizaciones políticas de izquierda que comenzaba a cernirse como una amenaza a los indudables avances en la superación del conflicto armado interno en el país.

En ese momento, presentamos a la sociedad la propuesta de la creación de una “comisión de alto nivel de garantías de no repetición” que abordara las reformas estructurales encaminadas a impedir que continúe y se repita la tragedia humanitaria causada por la violencia sociopolítica ejercida desde el Estado contra amplios sectores populares y sociales que se oponen a las políticas estatales y al modelo de desarrollo.

También consideramos que sigue aplazada la discusión sobre esas reformas estructurales necesarias para superar el capítulo de la violencia. Por el contrario, desde el Estado se insiste en desconocer la persistencia de idearios, alianzas y prácticas que durante décadas han obstaculizado el debate democrático y el surgimiento de expresiones políticas alternativas.

Negar la existencia de un plan en marcha impide desmantelar las estructuras responsables de estos crímenes, detener los ataques contra el Acuerdo de Paz y desenmascarar a quienes se ocultan detrás de estas siglas, pero también impide abordar reformas necesarias como la reducción del tamaño de las fuerzas militares, la depuración de estas instituciones de agentes comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, responsable de graves abusos policiales e incluso de homicidios y la superación definitiva por parte de la fuerza pública del discurso de un enemigo interno para construir una sociedad que logre proscribir definitivamente la violencia como recurso en el debate de ideas.

Con esa convicción profunda de que la paz es la única salida para nuestro país, nos sumamos este 1 de junio a la movilización en defensa del Acuerdo de Paz y para que la paz no cueste la vida de ningún defensor, de ninguna defensora, de ningún colombiano más.

A continuación la relación de las denuncias recibidas entre el 17 de marzo y el 29 de mayo de 2017

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Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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