Caminar la memoria: La ruta necesaria para cimentar la paz con garantías de no repetición
Ponencia presentada en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria: “Usos, construcciones y aportes para la paz” II Encuentro Distrital de experiencias de historia oral: “Archivos, historias de vida, memorias e identidades” Bogotá, D.C. Mayo 18, 19 y 20 de 2017

Sábado 20 de mayo de 2017, por Lina Martínez Reyes - Formación Cajar

La dimensión política de la memoria consiste en entender que su poder es el de traer al presente el pasado, pero no cualquier pasado, sino el pasado ausente. Ese pasado que al estar olvidado, no es considerado, ni valorado en el presente, un presente, sin embargo, que resulta inexplicable sin él. La memoria, al hacerlo presente, cuestiona la soberanía del presente así como la interpretación ideológica que da al pasado.

Derecho a la verdad | Paz y Derechos Humanos | Víctimas de Crímenes de Estado_ | Paz |

La memoria del poder no recuerda: bendice.
Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, absuelve los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso.
Eduardo Galeano.

El contexto actual por el que atraviesa el país está fuertemente marcado por los resultados de cinco exhaustivos años de diálogo y negociación entre el gobierno Colombiano y las FARC-EP, esto se nos muestra retador en tanto posibilidad de abordar, retomar y profundizar en temas que se han movido en las márgenes de una realidad convulsionada por la violencia ejercida en múltiples manifestaciones por diferentes actores, en grados de responsabilidad y dimensiones aún no del todo develadas, es así que discusiones y luchas ensombrecidas y silenciadas por las lógicas del poder dominante encuentran en el ahora una grieta para sacar a flote las históricas exigencias de verdad, justicia, reparación, no repetición, y si se quiere más allá, trasformación de las causas, condiciones, prácticas y doctrinas que dieron lugar a la violencia y su perpetuación, será éste pues un momento- lugar de emplazamiento de ideas y voces postergadas que nos hablaran de un pasado que explica el presente, un momento- lugar que no puede ni debe ser allanado nuevamente por quienes han tenido la licencia exclusiva de contar una única historia.

La memoria que camina desde las víctimas de crímenes de Estado

Cuando el filósofo Walter Benjamín nos dice que la memoria no solo nos habla del pasado, sino del presente y más aun de lo pendiente, nos ubica en un lugar de análisis donde resulta irrenunciable convocar las luchas por la memoria que han librado (en palabras del mismo autor) los relegados de la historia, los vencidos en el relato oficial, los excluidos de la narrativa hegemónica, y resulta irrenunciable en tanto la memoria nos habla precisamente de eso que no está y que de permanecer configuraría una realidad diferente, un presente otro, la memoria tiene que ver con el pasado ausente, el de los vencidos y vencidas (Mate, 2006).

O acaso de haberse concretado las ideas y proyectos de todo un partido político, que fue sometido al exterminio ¿no hubiera configurado un ahora diferente?, si bien el genocidio político nos habla de una práctica de terrorismo de Estado, también nos plantea el pendiente de construir una verdadera democracia; así como el despojo de tierras y el desplazamiento nos habla de la consolidación de un modelo económico por vías violentas, también plantea un pendiente de justicia con el campesinado empobrecido y los desarraigados que llenan las urbes.

Así sucesivamente cada hecho de violencia ocurrido en este país nos habla de la configuración de un Estado que por miedo al otro, al diferente (negro, pobre, indígena, sindicalista, comunista) devino en aparato represor y sofocador no solo de la disidencia alzada en armas, sino del pueblo organizado que creyó en la construcción de un Estado social y democrático desde la “legalidad” pero más allá, desde la legitimidad que traen consigo las luchas sociales y las constantes reivindicaciones de derechos y defensa de los territorios, o que decir del exterminio del movimiento sindical por el que Colombia lleva el deshonroso título de ser el país más peligroso para el ejercicio de esta actividad , uno de los más riesgosos para la defensa de los derechos humanos y para el ejercicio del liderazgo social no solo por la infame cifra de asesinatos , sino también por las constantes amenazas, persecuciones, montajes judiciales, sistemáticas campañas de desprestigio y estigmatización, sin dejar de lado las permanentes víctimas mortales que cobra el uso excesivo de la fuerza pública cada vez más facultada para reprimir y controlar la protesta social, evidenciando como el Estado ha dado y le sigue dando un tratamiento de asunto de orden público a las demandas sociales, y un carácter de enemigo a quienes las exigen.

El pasado no está muerto, quieto o inamovible, éste, como el agua subterránea sobre la cual transita el presente, busca las formas de asomarse para formar nuevos cauces, el pasado no se auto contiene en los libros de historia donde las memorias de los vencidos han sido marginadas sistemáticamente del imaginario colectivo, a partir de posicionamiento de discursos que legitiman la violencia y aniquilamiento del diferente. El pasado y las narrativas (unas más, otras menos hegemónicas) que sobre él existen, configuran un presente que permea las formas de vida de sus herederos, así mientras los sobrevivientes y familiares de víctimas heredan los sueños y proyectos de quienes la maquinaria de muerte decidió aniquilar un día, los arquitectos y dueños de dicha maquinaria heredan privilegios, gozan impunidades, se cuentan a sí mismos historias de héroes y victorias.

Y como la memoria del poder no recuerda sino que bendice, exonera y perpetúa la licencia de violentar, la historiografía oficial y las narrativas del poder tienen innumerables ejemplos de lo que constituyen verdaderas injusticias históricas, como el mencionar que los españoles de la colonia se enamoraban de las indígenas y las tomaban por esposas porque eran demasiado bellas, encubriendo allí los más execrables actos de humillación, violencia sexual y esclavitud a la que fueron sometidos nuestras ancestras. La herencia colonial y sus crónicas oficiales parecen permanecer no solo como relato, sino como forma de entender la realidad y ordenar las relaciones sociales aun en la actualidad, donde los principales victimarios se presentan como héroes cuando no como víctimas, y las víctimas y sobrevivientes siguen siendo estigmatizadas, diezmadas y silenciadas.

El papel de la memoria consiste entonces en rescatar, dignificar y traer al presente ese pasado ausente y relegado, así como denunciar que lo que se nos muestra como “errores de la historia”, “precio del desarrollo”, “manzanas podridas” y demás eufemismos utilizados para encubrir responsabilidades, no están ahí como realidades naturales, como lo están los ríos o las montañas, sino que nos hablan de una injusticia, de una forma de ordenar el mundo, de una frustración violenta y premeditada de proyectos de vida individuales y colectivos. El caminar la memoria de los de abajo, de los vencidos, de los marginados del relato oficial, nos ayuda en la compresión de un presente con ausencias, vacios, falencias y deudas que deben ser saldadas para la construcción de un presente y un futuro otro, los pendientes están con la verdad histórica, con la trasformación de las condiciones que dieron origen a la violencia, entre muchos otros, que mientras no se reconozcan y cambien, seguirán siendo pendientes latentes.

La dimensión política de la memoria consiste en entender que su poder es el de traer al presente el pasado, pero no cualquier pasado, sino el pasado ausente. Ese pasado que al estar olvidado, no es considerado, ni valorado en el presente, un presente, sin embargo, que resulta inexplicable sin él. La memoria, al hacerlo presente, cuestiona la soberanía del presente así como la interpretación ideológica que da al pasado.

Verdad y memoria como campo de disputa

El enfoque sistémico que plantea lo acordado en la Habana en materia de derechos de las víctimas se cimienta en el derecho a la verdad como unidad de medida para impartir justicia, como dimensión esencial de la acción reparadora, como punto de partida para la no repetición, y a mediano a largo plazo como presupuesto irrenunciable para una eventual reconciliación; sin embargo vale preguntarnos justo en este momento ¿de qué verdad estamos hablando? ¿De qué debe estar hecha esta verdad cuando se dice cimiento? ¿Quién o quiénes son portadores de la verdad? Y a la postre de todo esto ¿Qué verdad quedará siendo la verdadera?, en esta interrelación que comprende verdad, memoria e historia las víctimas de crímenes de estado han venido tejiendo pensamiento, acción y propuesta.

Es justo ahora cuando la memoria viva de las víctimas de crímenes de estado, y de todo un país que ha sido testigo directo (cuando no, espectador) de una tragedia sin precedentes en un continente azotado por dictaduras militares, tiene la monumental tarea de participar en la construcción de la verdad histórica, y por ende tiene también el legítimo derecho de exigir toda la verdad sobre lo ocurrido, a conocer las verdaderas motivaciones, los discursos y prácticas que estuvieron detrás de la creación y refinamiento de los aparatos organizados de poder que materializaron la violencia estatal; así mismo los millones de víctimas de crímenes de Estado tienen derecho de asistir al reconocimiento de la responsabilidad de su victimario, no solo como actor determinante en la gestación, mantenimiento y prolongación del conflicto armado interno, sino también como diseñador y ejecutor, (valga decir, con la iniciativa y ayuda de “otros” Estados, responsables de “otras” dictaduras) de un proyecto sistemático y generalizado de terrorismo de Estado, que funcionó de modo paralelo al conflicto armado, pero solapado en él y que recurrió a las prácticas de genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, masacres, despojos, amenazas, tortura, sabotaje, espionaje y una larga lista de crímenes de lesa humanidad, encaminados a silenciar las luchas, y sofocar los sueños de miles de líderes sociales, defensores, campesinos, sindicalistas, maestros, estudiantes, periodistas, políticos de oposición, y en general todo pensamiento disidente, aun cuando este no estuviese alzado en armas.

De allí que la pregunta por la verdad completa y su urgente necesidad de respuesta resuene tanto en este momento. Se vuelve combustible y esperanza para las luchas de las víctimas que históricamente la han enarbolado, al tiempo que se vuelve factor de miedo y hasta franca desesperación de quienes mantuvieron andando la maquinaria de terror del Estado, y quienes desde diferentes fórmulas buscan evadir, disminuir y enmascarar su responsabilidad y por tanto desfigurar la verdad, como lo muestra entre otras la ausencia de obligatoriedad en la comparecencia de empresarios y terceros civiles en los diferentes mecanismos del SIVJRNR, o el nombramiento vía decreto de un delegado del Ministerio de Defensa en la junta directiva del de Centro Nacional de Memoria histórica , una semana y dos días antes de la firma de decreto de para la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, evento donde, no casualmente, estuvieron excluidas de la agenda oficial las víctimas de crímenes de Estado, hechos que leídos en su conjunto nos hablan de política pública (aún no escrita) de verdad y memoria oficial, de la configuración de un campo de disputa alrededor de la verdad, donde el Estado ya está mostrando cual es su correlación de fuerzas, poniendo en evidencia la pretensión de construir e imponer un relato único y totalizador del “conflicto armado” como única y exclusiva cacusa-consecuencia de la violencia en Colombia, a partir de unos difusos y hasta peligrosos márgenes semánticos planteados en el acuerdo de paz: a causa, con ocasión, en contexto, por razón, en relación directa o indirecta, lo que en ultimas, de no existir una amplia movilización, propuesta y acción por el derecho a la verdad completa, terminará no solo eximiendo al Estado de su responsabilidad, sino justificando y perpetuando su larga tradición de aniquilar, asfixiar y silenciar.

Las Farc como actor armado dejarán de existir, el conflicto armado interno posiblemente también, cuando llegue a buen puerto la negociación con los otros grupos guerrilleros, cuando se erradiquen las causas de orden socioeconómico y político que dieron origen a los levantamientos sociales armados, pero el Estado como actor violento seguirá intacto y en vías de fortalecerse hasta que no se cuente toda la verdad sobre la existencia de un proyecto paraestatal, hasta que no se reconozca la existencia de unos patrocinadores y beneficiarios de la violencia estatal, hasta que no se asuma la responsabilidad completa del daño causado y repare integralmente a los y las afectadas, pero ante todo hasta que no se generen los cambios estructurales necesarios que permitan desmantelar dicho proyecto para devolverle al Estado su rol de garante y protector de derechos, para que nunca más se repita la tragedia.
Es por esto, que construir memoria colectiva e histórica desde las víctimas y sus narrativas, es ante todo un ejercicio liberador y contra hegemónico; la memoria como fuente de acción y transformación comprende la historia narrada desde abajo como pieza clave la verdad sobre lo ocurrido; narrar el dolor para tramitarlo, recordar los sueños y proyectos de los que ya no están llena de fuerza y sentido las acciones de los que aún quedan resistiendo. La memoria con dignidad potencia la acción, se convierte en denuncia, interpela el poder y deviene en conciencia colectiva (mas allá de los sectores victimizados), al tiempo que trabaja sobre las condiciones para la no repetición de los hechos.

El papel de la verdad y la memoria para la no repetición

En primer lugar hay que partir del reconocimiento que la gran mayoría de las víctimas existentes en Colombia no son consecuencia directa del conflicto armado interno, y que por el contrario se han producido en los márgenes de éste, y más concretamente como parte de planes masivos, sistemáticos y generalizados dirigidos por el Estado contra diversos grupos sociales, lo que implica que al momento de abordar los hechos victimizan tés, los afectados, los responsables y los intereses a los que repondrían, debe existir un proceso de diferenciación de actores, para así lograr una verdad lo más amplia y completa posible, una verdadera acción reparadora, y finalmente los cambios necesarios para que el conflicto armado y la violencia socio político nunca más tenga lugar en un país que anhela avanzar hacia su realización como estado social de derecho.

Es aquí donde el permanente trabajo de memoria de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, en compañía de las plataformas y organizaciones de derechos humanos que acompañan sus luchas en busca de verdad, justicia y reparación, se hace presente para traer los pendiente que hay con el pasado, los puntos suspensivos de nuestra historia reciente que nos permita entender lo ocurrido, transformar el presente y configurara un futuro diferente, para que terminado el conflicto armado no se perpetúe la violencia socio política, se requieren cambios estructurales al interior del Estado, que cimienten las bases para la construcción de una verdadera cultura de paz y democracia, con garantías de derechos y libertades.

Las garantías de no repetición son un derecho inalienable de las víctimas tanto como la verdad y la justicia, esto implica la implementación de reformas estructurales y adecuar su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales ., Las propensitas construidas evidencian una vez más que las víctimas de crímenes de estado construyen memoria para que no se repita el ciclo de violencia, no solo contra ellos sino con el conjunto de la población.

Éstos son los pendientes de la historia con las víctimas de crímenes de estado, lo que la memoria trae al presente para que se traduzca en cambios, éstas las propuestas de Garantías de no repetición:

1. Políticas de seguridad y garantía de derechos humanos.

• Revisar la doctrina de seguridad del estado y la legislación que la desarrolla. Identificar los manuales, reglamentos e instructivos militares incompatibles con las obligaciones internacionales y adecuarlos al respeto de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los límites institucionales.
• Generar políticas públicas y legislación que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos, el reconocimiento y la reparación a las víctimas.

2. Revisión de antecedentes y renovación de funcionarios.

• Promover una política de revisión de antecedentes de funcionarios públicos que hayan, por acción u omisión, actuado contra los fines constitucionales del Estado, a partir de sus vinculados con grupos paramilitares.
• Impulsar un proceso de reestructuración y renovación de personal de las instituciones de seguridad del Estado.
• Establecer un mecanismo de evaluación permanente del desempeño de los funcionarios públicos, para evitar que se repitan alianzas con actores armados o empresas criminales.

3. Organización de archivos estatales para preservar la memoria y la verdad

• Formular recomendaciones y realizar seguimiento a la depuración de archivos de inteligencias del Estado, con el objetivo de excluir de las bases de las Fuerzas Armadas los archivos que incriminen de manera infundada a defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, populares y de la oposición, o que ordenen operaciones que conduzcan a la violación de derechos humanos.
• Preservar y proteger los archivos del estado que se consideren necesarios para contribuir a la verdad, la memoria histórica y la reparación, y como prueba para impulsar procesos judiciales y disciplinarios.
• Buscar y recuperar archivos ocultos.

4. Reducción de las Fuerzas Militares

• Formular lineamientos para el ajuste del tamaño y los recursos de las Fuerzas Militares de acuerdo con el cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y un periodo de tiempo determinado.
• Disponer de facultades para poner medidas legislativas que regulen el número de integrantes de la Fuerza Pública, tales como la definitiva eliminación del servicio militar obligatorio y la aprobación del Servicio Social para la Paz.

5. Reformas a la Policía Nacional

• Desmilitarizar la doctrina y la práctica Policía Nacional, y tomar las medidas necesarias para que este supeditada al poder civil. En consecuencia, implementar acciones para trasladarla al Ministerio del Interior y fortalecer el papel de la rama ejecutiva en el ejercicio de autoridad sobre esta institución. Así mismo en la rendición de cuentas al conjunto de la sociedad.
• Las funciones de la Policía Nacional deberán ser el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el respeto y garantía al ejercicio de derechos y libertades públicas.
• Establecer mecanismos efectivos para la supervisión de sus funciones.

• Implementar una política de desmonte efectivo del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) y diseñar protocolos que permitan que los cuerpos policiales garanticen y protejan los derechos sociales a la movilización y a la protección pacifica.

De esta manera “podremos reconciliarnos con nuestro pasado sólo si construimos un futuro que no sea su continuidad, que rompa con el trágico legado de la opresión. La memoria no salda la deuda, sólo la hace presente para hacer el futuro.”

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035